MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo constata en su último informe anual que resulta “imprescindible” garantizar un “determinado nivel de acceso al suministro eléctrico a personas y familias” residentes en la Cañada Real que les permita, “al menos, alumbrarse, calentarse, así como poder desarrollar las actividades básicas”.
En su informe anual de 2022, que este lunes entregó el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, recuerda que “la ausencia de soluciones a un problema que afecta a un numeroso grupo de familias que viven en varios sectores de esta antigua vía pecuaria ha dado lugar a nuevas actuaciones”, como las recomendaciones remitidas a la Comunidad de Madrid, al Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real y a los ayuntamientos de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada.
En ese sentido, asevera que “la dignidad del numeroso grupo de personas residentes en la Cañada Real Galiana no puede ser protegida adecuadamente si carece de acceso al suministro eléctrico”, y enumera que esta situación vulnera los artículos 15, 39, 43, 47 y 50 de la Constitución.
Por ello, señala que “parece imprescindible procurar un determinado nivel de acceso al suministro eléctrico a personas y familias que les permita, al menos, alumbrarse, calentarse, así como poder desarrollar las actividades básicas”.
Estas medidas habrían de mantenerse “en tanto no se produzcan los realojos o no sea posible arbitrar una solución transitoria”, lo que le da pie a reseñar que “existe la posibilidad de disponer de suministro eléctrico en condiciones de legalidad”.
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