MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo ha alertado de las “especiales dificultades” de las mujeres víctimas de violencia de género de cierta edad para acceder a los derechos y a los recursos que establece el ordenamiento para poder salir de la situación de maltrato y recobrar sus vidas.
Así se desprende del Informe Anual de la actividades del 2024 de la institución, que ha presentado este martes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
En este sentido, apunta que las víctimas de violencia de género mayores son un grupo “especialmente vulnerable”, en las que confluye “una doble discriminación por su condición de mujeres y por lo que significa el fenómeno del edadismo”. Además, asegura que son generalmente de víctimas que “han vivido años de violencia en el seno de sus matrimonios, en situación de dependencia económica respecto del marido o exmarido, y que padecen aislamiento social y familiar por falta de independencia personal”.
“Las quejas de estas víctimas revelan que padecen una violencia oculta, perpetrada a lo largo de los años, que está socializada y normalizada. Hacen patente el hecho de haber sido educadas para ejercer el rol del cuidado de la familia bajo la sumisión al padre, que es quien aporta los recursos económicos”, expone.
En esta línea, recalca que estas víctimas no son capaces de denunciar a sus agresores y tienen muchas dificultades para salir del entorno violento. En todo caso, indica que quienes en este contexto consiguen pedir ayuda se enfrentan “a servicios y políticas públicas no adaptados a su realidad, porque tienden a partir del presupuesto de una víctima más joven, que sufre una agresión en un momento puntual y que es capaz de afrontar por sí misma una nueva vida y alcanzar su independencia económica”. “Estas características no se dan en muchos casos en las mujeres mayores de 65 años”, matiza.
Igualmente, el Defensor del Pueblo considera que la perspectiva interseccional de las violencias sufridas por las mujeres mayores debe estar presente en la ley y en las políticas públicas. “Solo reconociendo las dificultades y los impedimentos que deben afrontar es posible acertar en las soluciones para garantizar el acceso de estas mujeres a los recursos públicos, restaurando en lo posible los daños sufridos y recuperándolas para una vida plena, libre de violencia”, señala.
ADVIERTE TAMBIÉN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ECONÓMICA
La institución también aborda en su informe la violencia de género económica contra las mujeres mayores. Esta dice que consiste en la “privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos económicos a la mujer o el control en la disposición de los recursos comunes o compartidos en el ámbito de la pareja, para asegurar su sumisión y obediencia”. “En estos casos, el agresor persigue el sometimiento de la mujer, vigilando y limitando su acceso a los recursos económicos comunes, fiscalizando el uso del dinero, ocultando el patrimonio común o engañándola sobre propiedades y bienes compartidos”, explica.
También dice que uno de los problemas más repetidos ha sido el relacionado con los retrasos en la disolución judicial de bienes gananciales. Así, añade que se trata de casos que afectan, sobre todo, a mujeres mayores, que tardan “años” en conseguir la ejecución “forzosa” de sus sentencias de divorcio.
Para el Defensor del Pueblo, debe replantearse el sistema actual de disolución de la sociedad de gananciales y el reparto de bienes entre los cónyuges, “para evitar que sea el propio sistema judicial el que, debido a dilaciones estructurales, contribuya objetivamente -sin pretenderlo- a perpetuar el control del hombre sobre la mujer en determinadas situaciones de dependencia económica”.
Por otro lado, la institución asegura que otro de los problemas en relación con las mujeres mayores es la “falta de denuncia” cuando sufren las agresiones. “Normalmente estas mujeres ponen fin al maltrato o rompen con el maltratador tras años de violencia, cuando los hijos se han independizado, o su agresor ha fallecido. Esto impide que los sistemas judiciales las amparen durante el tiempo en el que sufren el maltrato y en estos casos, cuando acuden a los servicios sociales para pedir ayudas para subsistir, se descubre una violencia padecida durante años”, expone.
El Defensor del Pueblo señala que ha recibido quejas en las que denuncian que a esas personas se les obliga a pasar por entrevistas y procesos administrativos en los que su edad, su situación de dependencia, sus problemas de salud y movilidad o sus dificultades tecnológicas no son tenidas en cuenta, ni por los protocolos, ni por las redes asistenciales que les atienden.
Igualmente, asegura que se han puesto de manifiesto problemas importantes en relación con la regulación de los derechos de las víctimas, como el acceso a la Renta Activa de Inserción (RAI) o a las pensiones de viudedad. En relación con la RAI, el Defensor del Pueblo considera que se ha producido un “desajuste” entre los límites de edad que establece la ley para recibir las ayudas económicas por ser víctimas de violencia de género y los requisitos de edad en general para la jubilación, que deja “desamparadas” a las mujeres víctimas entre los 65 años y su edad efectiva de jubilación.
- Te recomendamos -
