MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo ha acusado a cuatro comunidades autónomas –Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana y Ceuta– y a 135 entidades locales de ser administraciones “no colaboradoras” con este organismo al demorarse en responder los requerimientos de este órgano o, incluso, no llegar a hacerlo.
En el caso concreto de Canarias tiene que ver con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.
Según se explica en el Anexo del Informe del organismo presidido por el socialista Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo solicitó información sobre la situación en la que quedan los menores al cumplir la mayoría de edad y dejar el centro.
El informe recoge a nivel general de todas las comunidades que “la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones, en estos supuestos, el Defensor del Pueblo puede declarar al órgano o unidad administrativa concernida de hostil o entorpecedora de sus funciones”.
Muchos de estos requerimientos tienen que ver con cuestiones ordinarias de los ayuntamientos o entidades locales menores como temas relacionados con urbanismo o residuos urbanos, entre otros.
Por ello, las entidades prevalentes en este listado suelen ser este tipo de administraciones. Aquí, el Defensor del pueblo entiende las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar cierta información.
No obstante, desde este órgano aseveran que estas dificultades no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo. Eso sí, en este año se ha optado por no incluir en este listado las administraciones de municipios de menos de 1.000 habitantes, a fin de ofrecerles más tiempo para la tramitación de su respuesta, dado que dichas administraciones cuentan con unos medios humanos y materiales muy limitados.
En lo que compete a Extremadura, el Defensor del Pueblo reclamó información por la denuncia por el deficiente estado de conservación de un solar en Talavera La Real (Badajoz).
En la Comunidad Valenciana, el Defensor del Pueblo solicitó información en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo con relación a las ayudas a la vivienda y al alojamiento temporal por riesgo de exclusión social.
Por último, en Ceuta se hizo una actuación de oficio por el realojo y erradicación de un asentamiento de chabolas e infraviviendas, a la vez que se solicitó información con motivo de la falta de respuesta a una reclamación por la lectura de información de consumos y la gestión del servicio eléctrico.
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