Se oponen a que se levanten las órdenes nacionales de detención, lo que complicaría el regreso de Puigdmeont
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El criterio de los fiscales del ‘procés’ de que no se puede amnistiar el delito de malversación afectaría al expresidente catalán Carles Puigdemont, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a los exconsejeros huidos Toni Comín y Lluís Puig, y a los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. El hecho de que se opongan a que se levanten las órdenes nacionales de detención complicaría el regreso de Puigdemont.
Fuentes fiscales han indicado a Europa Press que los cuatros fiscales han trasladado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su opinión sobre la ley de amnistía aprobada este jueves en el Congreso: no están a favor de su aplicación en el caso de los delitos de malversación, pero entienden que sí se puede aplicar a los de desobediencia y desórdenes públicos.
Así las cosas, se vería afectado el caso de Puigdemont, a quien el Supremo procesó en rebeldía por un presunto delito de malversación y uno de desobediencia. El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración indagatoria para poder avanzar hacia juicio. Tiene una orden de detención nacional, pero la euroorden está desactivada.
En la misma situación están los exconsejeros Comín y Puig, que también fueron procesados en rebeldía por delitos de malversación y desobediencia y cuentan con órdenes nacionales de detención activas.
Este criterio también afectaría al caso de Junqueras, condenado por malversación –aunque se le indultara la cárcel permanece inhabilitado–; y al de Romeva, Turull y Bassa, todos con inhabilitaciones vigentes por malversación después de que el Gobierno les indultara la pena de prisión en 2021.
La ley de amnistía busca exonerar, entre otros, los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación –cuando no haya enriquecimiento– en el marco del independentismo catalán. Los fiscales del ‘procés’ no ven viable este planteamiento porque, a su juicio, sí hubo enriquecimiento y ánimo de lucro.
Sobre este extremo, cabe recordar que el Supremo –al revisar el caso del ‘procés’ tras la reforma del Código Penal por la que se modificó la malversación– ya revisó el concepto de enriquecimiento y ánimo de lucro e insistió en que “nunca podrá entenderse” que la actuación de los condenados estuviera “ausente” de dicho ánimo.
EN CONTRA DE LEVANTAR LA ORDEN DE DETENCIÓN
Las fuentes consultadas han precisado que los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno han comunicado al jefe del Ministerio Público su criterio en el marco de la reunión celebrada este mismo miércoles y le han entregado un documento de un centenar de páginas en el que detallan su postura.
Según las mismas fuentes, en dicho documento los firmantes defienden que no pueden levantarse la orden nacional de detención que tiene vigente Puigdemont, lo que complicaría su regreso a España. Lo mismo sostienen sobre los casos de Comín y Puig.
García Ortiz había convocado al encuentro a los cuatro fiscales del ‘procés’, a los dos fiscales jefes de sección de lo Penal del Supremo y el fiscal del Tribunal Constitucional. Está previsto que mañana viernes se reúna con los fiscales superiores de Cataluña.
Según las fuentes consultadas, en la reunión se han abordado “los caminos procesales para la aplicación de la ley en todas las causas a las que afecta”.
APLICACIÓN DE LA LEY
La norma fija que los tribunales tendrán que aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses. El Tribunal Supremo y los juzgados y tribunales de Cataluña son los que acumulan la mayoría de las causas relativas al proceso independentista.
En el Constitucional, por su parte, se prevé que se presenten cuestiones de inconstitucionalidad –por parte de los jueces en casos de dudas sobre la legalidad de la ley– o recursos de inconstitucionalidad –al menos de la mano del PP, que ya ha anunciado su intención de acudir a la corte de garantías–.
Sobre este extremo, fuentes jurídicas recuerdan que los tribunales antes de adoptar cualquier decisión tienen que consultar a las partes del procedimiento, incluida la propia Fiscalía. De ahí la importancia de que en el Ministerio Público se fije un criterio sobre la aplicación del texto legal.
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