MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El Consejo General de los Economistas (CGE) presentó este martes en una rueda de prensa un estudio sobre contratación del sector pública en el que se propone incluir en la memoria justificativa y en el pliego de condiciones de los contratos un umbral de saciedad para desincentivar las ofertas consideradas anormalmente bajas.
Esto, explicó el coautor del informe Carlos Obeso, serviría para evitar las bajas temerarias -lo que en la jerga del sector se conoce como ‘suicidas’-, licitadores que realizan ofertas a la baja para obtener contratos públicos aunque eso signifique que el servicio se presta de manera indebida. Además, también se indica la pertinencia de exigir a los licitadores detallar los costes directos e indirectos considerados en la confección de sus ofertas, así como los gastos generales imputados y el beneficio industrial esperado.
Obeso también sugirió que los colegios profesional y los operadores económicos participen en las fases previas de aportación del expediente, especialmente respecto a los costes de mercado. “No puede ser que el que hoy se encarga de elaborar los pliegos de contratación de una obra pública, mañana se encargue de comprar un camión de bomberos”, explicó para ejemplificar la necesidad de capacitación profesional y definición de los perfiles profesionales.
En este sentido, el CGE también indicó que sería pertinente que los criterios de calidad representasen, al menos, el 51% de la puntuación asignable en los contratos. Asimismo, también lamentó la inexistencia de mecanismos de evaluación de contratos.
IMPORTANCIA DEL GASTO PÚBLICO
Tal y como recordó el presidente del CGE, Salvador Pich, el gasto público alcanzó en 2023 un 45,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en España. Por ello, consideró que el gasto público debería de enmarcarse en una cultura de la “transparencia y la eficacia” y este debería orientarse para que redundase en el mayor beneficio para el conjunto de la economía.
Asimismo, Pich aseguró que “se ha avanzado mucho” respecto a la transparencia de la administración pública de la contratación pero advirtió que “hay que prestar más atención” al diseño de la contratación pública, especialmente en el tema de los costes. “Los servicios profesionales tienen un nivel y cualquier oferta que se haga ha de contemplar estos costes laborales”, indicó.
El director de Economía y Estudios de Foment del Treball Nacional, Salvador Guillermo, detalló que la contratación supone el 25% del total del gasto público y el 11,5% del PIB, un total de 107.557 millones de euros -una cifra similar a la de Italia e inferior a la de Francia o Alemania-. De estos, más de tres cuartas partes -76,14%- se ha realizado mediante procedimiento abierto.
Guillermo, quien indicó que en muchas ocasiones el gasto público soporta e inyecto vigor al sector privado, calificó de “sorprendente” que el 8% de las licitaciones quedase desierta.
Por últiimo, celebró que el pago a proveedores por parte de algunos organismos públicos haya mejorado en los últimos, lo que ya no ahuyenta a algunas empresas a la hora de licitar. “Había corpaciones que llegaron a tener un periodo de hasta 10 años”, destacó.
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