MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este viernes por unanimidad la retirada de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en Malí (MINUSMA) tras diez años de presencia en el país.
La resolución fue presentada como borrador por Francia el pasado 22 de junio y ha sido aprobada después de que Malí exigiese la retirada “inmediata” de la misión, que tiene cerca de 13.000 efectivos desplegados en el país.
En concreto, la retirada se contempla por fases y contempla que la misión pueda responder a “amenazas inminentes de violencia” contra los civiles hasta finales de septiembre. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, tendrá que mantener al Consejo informado sobre el proceso.
El representante permanente de Malí ante la ONU, El Ghassim Wane, ha explicado que MINUSMA “no ha alcanzado su objetivo fundamental de apoyo a los esfuerzos del Gobierno para la protección y seguridad del país”, si bien ha saludado su contribución en otros ámbitos, como la asistencia humanitaria y social.
Asimismo, ha detallado que el proceso de salida terminará el 31 de diciembre de 2023. “El Gobierno velará por el respeto de los compromisos asumidos en este sentido”, ha dicho, agregando que cooperará “estrechamente” con la Secretaría de la ONU.
Por otro lado, Wane ha lamentado que el Consejo de Seguridad de la ONU siga considerando a Malí como “una amenaza a la paz y seguridad internacionales” pese a los resultados “tangibles” sobre el terreno en cuanto al terrorismo gracias a las Fuerzas Armadas malienses, así como por “el retorno al orden constitucional”.
El ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, exigió a mediados de junio la “retirada sin demora” de la misión y afirmó que sus efectivos eran “parte del problema” de seguridad en el país, puesto que alimentaba “las tensiones comunitarias”.
Las relaciones del país con la MINUSMA se vieron afectadas por un informe de la ONU sobre la matanza de más de 500 personas en marzo de 2022 en la ciudad de Moura (centro), en el que se apuntaba al Ejército como principal responsable. El Gobierno rechazó “vigorosamente” el informe, y aseguró que las imágenes obtenidas por satélite por los investigadores constituyen un delito de “espionaje”.
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