MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Consejo General de Enfermería (CGE) exigió este miércoles al Gobierno que articule un endurecimiento de las penas a los agresores de las enfermeras, después de que en 2023 se denunciaran un total de 2.840 agresiones a estas profesionales, un 10% más que el año anterior.
Lo hizo su presidente, Florentino Pérez Raya, durante su participación en la tercera jornada de prevención de agresiones a los profesionales de sanidad, que se celebró en el Ministerio de Sanidad con motivo de la conmemoración del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios.
El presidente del CGE denunció que “las enfermeras y enfermeros de España se enfrentan cada día a hacer su labor con una presión asistencial brutal debido al déficit crónico de profesionales que arrastra nuestro país” y cifró en más de 100.000 el número de enfermeras que se necesitan para “equipararnos a nuestros vecinos europeos”.
En ese sentido, afirmó que “hay límites que no se pueden traspasar”, lo que le sirvió para aseverar que “con la violencia, ya sea verbal o física, debemos tener tolerancia cero” y abundó en que “no hay justificación alguna para sentir miedo, sufrir lesiones o amenazas ni vejaciones cuando uno simplemente desempeña su labor en su puesto de trabajo”.
En la misma línea, el secretario general del CGE y director del Observatorio de Agresiones de esta entidad, Diego Ayuso, apuntó que “las agresiones a profesionales sanitarios no dejan de aumentar y, en parte, se debe a que al agresor le sale muy barato cometer una agresión”.
También deploró que “las penas son tan bajas que apenas tienen repercusión”, como lo acredita que los tribunales han dictado sentencias de cuatro meses, seis meses o un año de prisión, con multas de 400 o 600 euros, a lo que se añade que el 20% de los agresores reincide.
Por ello, el CGE exigió un endurecimiento de las penas a los agresores de las enfermeras y la protección a los profesionales que ejercen su trabajo en la sanidad privada, ya que “al no ser funcionarios no tienen la consideración de autoridad”, lo que provoca que “las penas en caso de sufrir una agresión son incluso menores”.
Por último, este colectivo llamó a denunciar estos hechos, ya que “una agresión, ya sea física o verbal, que no se denuncia, es un hecho que no se conoce y, por tanto, no existe”.
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