MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados votará previsiblemente a favor de tomar en consideración una proposición de ley del Parlamento de Andalucía para garantizar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la Función Pública a través de pruebas de situación en lugar de exámenes teóricos y memorísticos.
Durante la fijación de posiciones, PP, PSOE, Vox, Sumar, PNV y Podemos manifestaron su voto favorable a la iniciativa presentada por el Parlamento andaluz, donde ya se aprobó por unanimidad esta propuesta.
Los parlamentarios Esperanza Gómez, del Grupo Por Andalucía; María Del Pilar Navarro, del Grupo Socialista; y Antonio Martín, del Grupo Popular, fueron los encargados de defender esta iniciativa en el Congreso.
Gómez, del grupo impulsor de esta iniciativa en el parlamento andaluz, recordó que en la Función Pública existe un cupo del 2% para las personas con discapacidad intelectual, pero resulta imposible de cumplir por el tipo de prueba de acceso. “Una prueba teórica no sólo no es adecuada, sino que es ineficaz para ese objetivo. Estas personas tienen dificultades para memorizar y todo ese tiempo supone una tortura”, apuntó la parlamentaria andaluza.
En lugar de esos exámenes teóricos, Gómez defendió sustituir esos exámenes teóricos por pruebas de situación, en las que se valoren las competencias y cualidades de los candidatos para el puesto al que aspiran.
Navarro, parlamentaria del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, coincidió en que tanto los exámenes teóricos como tipo test dificultan el acceso a la Función Pública de las personas con discapacidad intelectual. Por esta razón, solicitó a los diputados “una modificación muy sencilla” del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que supondrá “un avance para las personas con discapacidad” en España.
Desde el Grupo Popular andaluz, Martín también abogó por cambiar las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual, ya que las actuales, más que una “puerta” de entrada a la Función Pública, representan un “muro”, ya que “se plantearon y se idearon sin tenerles en cuenta”.
CONSIDERACIONES DEL PNV
La proposición de ley debatida este martes en el Congreso contempla la modificación del artículo 61.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El texto propuesto por el Parlamento Andaluz añade que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59, relativo a las personas con discapacidad, “las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistirán en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo”.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, la diputada Martina Velarde, de Podemos, respaldó esta modificación que “garantiza la igualdad desde los poderes públicos” y remueve obstáculos. “Se está proponiendo reconocer el mayor esfuerzo, sacrificio y las dificultades objetivas para conseguir ese objetivo final, universalizando derechos, dando un pasito más hacia la igualdad laboral”, manifestó durante la fijación de posiciones.
El PNV anunció su voto favorable y calificó como “un avance” la propuesta andaluza. Sin embargo, su portavoz en esta ocasión, Mikel Legarda, avisó de que su grupo presentará consideraciones cuando llegue el momento de la tramitación.
Entre las objeciones expuestas, recordó que algunas Administraciones, como la Junta de Andalucía o la Diputación Foral de Vizcaya, ya realizan pruebas de situación para personas con discapacidad intelectual sin que nada se lo haya impedido.
Asimismo, cuestionó la “imperatividad y exclusividad” de que las pruebas tengan que ser siempre de situación y adelantó que en el periodo de enmiendas propondrán que cada organismo público adecúe sus procesos selectivos. Del mismo modo, consideró más adecuado el encaje de este cambio en el artículo 59, en lugar de en el 61.
Sumar también se pronunció a favor de la tramitación y su diputada Engracia Rivera aludió a la existencia de otras discapacidades mentales que también “requieren de adaptación para que las ofertas públicas de empleo no resulten en un brindis al sol”.
La parlamentaria incidió en que ese objetivo del 2% no se cumple y se mostró partidaria de las pruebas adaptadas, ya que las teóricas “son obstáculos gigantescos para el acceso a la Función Pública”.
La tramitación de la proposición de ley contará con el respaldo de Vox. “Mi grupo votó a favor” en Andalucía “y, como no puede ser de otra manera, aquí votaremos a favor”, desveló su portavoz, Emilio del Valle.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado José Losada recalcó que el empleo público “supone una gran oportunidad” para las personas con discapacidad intelectual y subrayó el esfuerzo de la Administración por volverse “más cercana”. Los socialistas también se pronunciaron a favor de tramitar esta modificación para eliminar las barreras de acceso.
El respaldo de los grupos parlamentarios se completó con el visto bueno de los populares. La diputada María Lourdes Ramírez apuntó que con este cambio se dará una “visión más inclusiva y adaptada las necesidades” de los principios de equidad, mérito y capacidad de la Función Pública.
“Apoyemos esta reforma y construyamos una Función Pública más accesible. No piden privilegios, solo igualdad de oportunidades. Una sociedad justa es aquella que no deja a nadie atrás”, culminó la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
CRUCE DE ACUSACIONES
La fijación de posiciones durante la toma en consideración estuvo plagada de acusaciones. Velarde, de Podemos, afeó al ponente del PP andaluz su exposición y acusó a su partido de “mirar siempre hacia otro lado” cuando hay que defender a los intereses de la mayoría. La diputada también reprochó a “la ultraderecha” que su voto a favor sería “no por convicción, sino por vergüenza”.
Desde Sumar, Rivera recalcó que Andalucía, gobernada por el PP, estaba a la cola en tasa de actividad de personas con discapacidad. Losada, del Grupo Socialista, hizo el mismo comentario a los populares y recordó que “eso es competencia de Moreno Bonilla”.
Vox y PP, por su parte, cargaron contra el Gobierno central. Del Valle (Vox) se refirió al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como un “autócrata” al que “le da igual la Función Pública” y ha cambiado seis veces al titular de esa cartera.
La diputada Ramírez (PP) presumió de que Andalucía, bajo mandato popular, se había convertido “en referente de la inclusión para las personas con discapacidad”, mientras que Sánchez y sus socios habían “abandonado a las personas con discapacidad”.
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