MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El PSOE y sus socios han rechazado este jueves en el Pleno del Congreso una moción que incluía exigir al Gobierno la retirada de la reforma que convalida penas de prisión cumplidas en la Unión Europea y que beneficiará a presos de ETA.
En concreto, la iniciativa ha recabado 171 votos del PP, Vox y UPN, pero ha sido derrotada por 175 diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria, así como del exministro José Luis Ábalos.
La retirada de esta ley, que salió del Congreso aprobada por unanimidad y que se ha parado en el Senado tras publicarse que iba a beneficiar a Etarras, no formaba parte inicialmente de la moción que registró el PP, sino que se ha incluido como enmienda transaccional pactada por los ‘populares’ y Vox.
ENMIENDA DE ÚLTIMA HORA DE PP Y VOX
El punto añadido, al que ha tenido acceso Europa Press, pretendía exigir al Ejecutivo la paralización de la reforma legislativa, apelando al artículo 127 del Reglamento del Senado que permite al Ejecutivo la retirada de la norma, y encargar “un estudio riguroso de todos los efectos que habría producido el texto actual en caso de entrar en vigor” con el fin de redactar “un nuevo proyecto de ley que en ningún caso contenga normas de las que puedan beneficiarse personas condenadas por delitos de terrorismo”.
En el texto original, los de Alberto Núñez Feijóo, pedían en primer lugar modificar la normativa para que el Ejecutivo no pueda designar a personas que hayan ocupado puestos en el Gobierno en órganos constitucionales y autoridades independientes.
También exigían a Sánchez rectificar sus declaraciones en las que aseguraba que su intención era gobernar con o sin el apoyo del poder legislativo respetando el mandato de las Cortes Generales y también “limitar” el uso de decretos ley a los casos de “extraordinaria urgencia”.
En otro de los puntos, urgían al Ejecutivo a “cumplir” con sus obligaciones de someterse al control de las Cortes, tanto en la sesión de control como en las comparecencias que acuerde la Junta de Portavoces y remitiendo sino, una justificación en los casos de ausencia.
TAMBIÉN INCLUÍAN VENEZUELA
Por otro lado, pedían “dejar de dar instrucciones” a jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, así cómo evitar las “descalificaciones” a los miembros del Poder Judicial y garantizar la independencia del mismo.
En lo relativo a los medios de comunicación, los ‘populares’ abogaban por “reforzar” las garantías de independencia, entre otras cosas evitando situar al frente de la gestión de los de titularidad pública a personas que “no procedan ni de cargos políticos del Gobierno ni de la militancia de los partidos que los sustentan”.
También los de Feijóo dedicaban los dos últimos puntos de la iniciativa a la situación en Venezuela, en primer lugar, reclamaban destinar todos los recursos y esfuerzos diplomáticos a exigir el “cese inmediato” de la represión y la liberación de todos los presos políticos detenidos arbitrariamente para que se produzca una transición pacífica y que el presidente electo Edmundo González Urrutia pueda tomar posesión.
Y en segundo, la adhesión a la demanda presentada en 2018 y dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y requerir avances en la Situación Venezuela, solicitando a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
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