MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó por 228 votos en contra, 60 a favor y 55 abstenciones la proposición de ley del BNG para que las secciones de crédito de las cooperativas no deban cumplir con los requisitos establecidos en la ley de crédito inmobiliario de 2019 que exige determinados requisitos de formación a quienes se sienten en el consejo rector.
La iniciativa del BNG, dentro del Grupo Mixto, defiende que las cooperativas con secciones de crédito no cumplan con el requisito legal de que los miembros de sus consejos rectores deban tener “determinados requisitos de formación y conocimientos técnicos”, lo que “restringiría o impediría la materialización del derecho de sufragio pasivo de las personas socias de las cooperativas”.
Además, el texto recoge que la ley “está interfiriendo en el funcionamiento y viabilidad de muchas cooperativas pues, en la práctica, se les está exigiendo que cumplan el contenido de la citada ley como si de una cooperativa de crédito se tratara”.
El diputado del BNG Néstor Rego defendió la iniciativa argumentando que las cooperativas con sección de crédito están viendo dificultada la concesión de hipotecas a socios por los criterios que exige la ley a esas cooperativas y que “acaba favoreciendo a las grandes entidades bancarias” en esta actividad.
En este sentido, opinó que “no resulta legítimo ni lógico exigir una determinada formación para formar parte del consejo rector de las cooperativas” y con ello poder conceder crédito.
Se preguntó si para ser ministro se exige una formación específica y respondió que “es evidente que no, ninguna, pero sí a las personas que ocupan los puestos de dirección técnica en los ministerios, esa es la cuestión”.
Rego también justificó que los prestatarios “son al mismo tiempo prestamistas, pudiendo influir en la política y en las condiciones en las que se conceden los préstamos”.
“En un momento de extremas dificultades sociales y económicas, en el que se habla tanto de la exclusión financiera, dificultar o impedir que estas cooperativas puedan realizar préstamos hipotecarios a las personas asociadas es agravar la situación y echar a muchas personas en los brazos voraces de la banca”, afirmó Rego, quien agregó que esa “es la dirección opuesta a la que debería ir un gobierno que se considera progresista y de izquierdas”.
Desde la oposición, el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua advirtió de que la propuesta “no casa” con los principios de equidad, igualdad y responsabilidad y se preguntó si una cooperativa necesita conceder préstamos a sus socios para sobrevivir, en respuesta a la argumentación de Rego.
“No encontramos la necesidad ni para el mercado ni para los prestatarios, los principales destinatarios” y “apreciamos algunos riesgos”, motivos por los que el PP votaría en contra, según Paniagua.
Por el PSOE, Diego Taibos manifestó sorpresa para su grupo por la iniciativa al destacar que la ley de crédito inmobiliario de 2019 procede de la trasposición de una directiva europea y justificó que “no podemos repetir errores del pasado”, al tiempo que defendió que prevalezca “la seguridad, la transparencia, para evitar que se comercialicen productos financieros por personas que no están capacitadas para ello”. Incluso instó a Rego a que “repiense lo que está pidiendo y lo retire del orden del día”.
Por Vox, Rubén Manso comentó que las secciones de crédito “a veces quiebran”, por lo que “no puedo entender por qué exige usted que les descafeínen las exigencias”. Si bien consideró que la propuesta supone desregular, posicionamiento con el que dijo estar a favor, criticó que como ese “exceso de regulación” afecta a “las cinco secciones de crédito que hay en su provincia, usted trae este problema a la Cámara”.
Por parte del PNV, Idoia Sagastizabal manifestó no ver necesidad en modificar la ley hipotecaria para dar encaje a la propuesta del BNG porque las cooperativas están cumpliendo con los requisitos y es “necesario la implementación de controles y una gestión responsable”.
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