MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Los principales grupos parlamentarios del Congreso han expresado este martes en el Pleno de la Cámara su respaldo a volver a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada hace diez años por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para hacer más justo más justo el copago para los beneficiarios del sistema de Dependencia.
En concreto, la reforma legal reclama que la capacidad económica del beneficiario, el patrimonio, la edad o el momento vital de aparición de la situación de dependencia se tenga en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. En concreto, fue en 2015 cuando la organización consiguió unas 740.000 firmas para presentar en la Cámara Baja la iniciativa.
Así, la socialista Inés Plaza ha señalado que, a juicio de los socialistas, “hay que recuperar el espíritu de la ley, el espíritu y el sentido por el que nació esta ley, que no es otro que el derecho a las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, pero, además, a ser atendidas con calidad y con igualdad”.
Por su parte, Violante Tomás, del PP, ha avanzado que esta iniciativa va a acompañar al resto de leyes del PP que, como ha lamentado, tiene “metidas” en un “congelador XXL” la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Además, ha hecho referencia al 2011, cuando el PP llegó al Gobierno y “se encontró un panorama desolador en todos los sentidos, pero en dependencia había 306.000 personas con derecho reconocido en lista de espera para recibir prestación, una deuda contraída con la Seguridad Social de 1.034 millones de euros porque no pagaban las cotizaciones de los cuidadores no profesionales”.
Por Sumar, Verónica Martínez ha destacado que apostar por “reforzar y desarrollar” el sistema de dependencia es “algo impostergable”. Asimismo, ha reclamado el apoyo a la propuesta por parte de todos los grupos “para avanzar hacia un sistema de dependencia que sea justo y por pura coherencia”.
La diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha indicado que hace falta “voluntad política y recursos” para poner en marcha esta iniciativa y ha tildado de “indignante” que las “necesidades reales” de los españoles den “exactamente igual” y se prefiera usar el dinero para “otras cosas” que son “más rentables”. En este sentido, se ha referido a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o a “estudios absurdos que concluyen que las mujeres que nacieron varones tienen mayor dificultad económica a la hora de adquirir productos relacionados con la regla”.
Por otro lado, Martina Velarde, de Podemos, ha pedido a los grupos parlamentarios “memoria”, tanto para la toma en consideración como para el resto del trámite de la ley. “A todos y a todas, memoria, memoria sobre las políticas de la dependencia y cuándo se hable de dependencia”, ha expuesto. En este sentido, ha añadido que no solamente tienen derecho familiares y mayores a tener “la mejor calidad de vida posible”, sino que además “son unos activos valiosos para una sociedad que esté sana”. “Son nuestra conciencia, son nuestra memoria, nuestra experiencia y nuestro refugio”, ha recalcado.
LOS SOCIOS DE GOBIERNO PIDEN FINANCIACIÓN
Jordi Salvador, de ERC, ha señalado que “es hora” de que el Estado asuma su compromiso, que reviertan las “desigualdades” en el financiamiento y que se avance “hacia un sistema más justo y sostenible”. “No podemos aceptar que la cura de los nuestros sea una carga para las familias, ni una responsabilidad transferible a quien no la pueda pagar. Más dinero respecto a las competencias, esto tendremos en cuenta a la hora de tramitarla”, ha avisado.
En la misma línea, Josep María Crusset, de Junts, ha pedido a los grupos que no hagan perder más de 3.000 días a los impulsores de esta iniciativa. “Hagan su trabajo, respeten nuestras competencias, paguen y no se queden los recursos de los más vulnerables”, ha reclamado.
Igualmente, Maribel Vaquero, del PNV, ha recalcado que la propuesta “redunda” en el “error”, puesto que ha añadido que atribuye la competencia de la regulación reglamentaria del copago al Gobierno, cuando es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. “Una injerencia que no supone ninguna mejora en el servicio tal y como se ha demostrado hasta el momento”, ha subrayado.
Bel Pozueta, de EH Bildu, ha avanzado que su formación vota a favor de la tramitación de la proposición, “entendiendo que busca una mejora de derechos para las personas en situación de dependencia del Estado español”, pero ha insistido que seguirán trabajando por “mejorar” el sistema de cuidados dentro de su marco competencial exclusivo en esta materia.
Asimismo, Néstor Rego, del BNG, ha avanzado que presentarán enmiendas para tratar de “mejorarla” y ha dicho que la propuesta “merece atención y urgencia por la relevancia que puede tener día a día la vida de muchas personas”. “Tenemos claro que es preciso avanzar en materia de atención a la dependencia para lograr un sistema público que sea efectivo, que se adapte a las necesidades de cada persona”.
EXENTOS DE COPAGO LOS QUE NO SUPEREN EN 2,5 VECES EL IPREM
La proposición de ley también quiere dejar exentos de copago a aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.331 euros al mes; que la participación en el coste de los servicios supere el 60%, y que se garantice al menos una cantidad mínima para gastos personales no inferior al del 40% del IPREM correspondiente, es decir, de su capacidad económica.
Con esta medida quieren evitar que personas dependientes sean expulsadas del sistema por no poder afrontar este copago. Además, reclama que la capacidad económica del beneficiario se tenga también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.
Asimismo, quiere que los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participen en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y exclusivamente su capacidad económica personal.
A juicio de la iniciativa, con estas medidas se eliminan “trabas de importancia” que “robustecen” el carácter de derecho subjetivo y que amplían el universo de personas que en situación real de necesidad podrán acogerse a sus prestaciones y servicios.
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