MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Congreso debatirá el próximo martes la toma en consideración de una Proposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, presentada por el parlamento de Andalucía, para adecuar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la función pública.
En concreto, el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, propone la modificación del apartado dos del artículo 61 para añadir que “las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistirán en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo”.
Según argumenta el parlamento andaluz en la exposición de motivos, “la inclusión no debe limitarse a factores cuantitativos o a una revisión adaptativa de la característica rigidez procedimental de las pruebas selectivas” sino que “los avances en esta materia deben transformar cualitativamente la manera de entender los principios de mérito y capacidad, aplicados a la diversidad funcional en este caso, pero también en el conjunto de procesos de selección para el ingreso en la función pública”.
Por ello, explica que la presente reforma “no se limita a establecer nuevas medidas de inclusión sobre la base de un sistema de acceso de raíz decimonónica, sino que pretende actualizar los principios generales de mérito y capacidad a un paradigma mucho más fiel y adecuado al trabajo que, como funcionariado público, se debe realizar”.
Así, considera que la materialización de esta voluntad pasa por introducir “pruebas de selección que puedan medir, de una forma más eficaz y fehaciente, el desempeño práctico de las personas candidatas a la hora de desenvolverse en las tareas asociadas al puesto laboral al que pretenden acceder”.
En concreto, señala que una de las maneras de conseguir esta adecuación es “la introducción de las pruebas de situación, que consisten en la valoración de las capacidades de la persona candidata a través de un ejercicio en el que tenga que realizar algunas de las tareas que configuran el puesto al que se opta”.
En definitiva, con esta reforma, proponen añadir este mecanismo al artículo 61.2, como método de examen para las personas con discapacidad intelectual, entendiéndolo y valorándolo como “más adecuado” para cumplir “con el espíritu del marco jurídico regulador de la función pública, en atención a la diversidad funcional de las personas con este tipo de discapacidad”.
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