MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados acordó este martes con 299 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones tomar en consideración la proposición de ley para reformar el Régimen Económico Fiscal (REF) de las Islas Canarias que busca incentivar la construcción de vivienda destinada para uso residencial defendida por el PSOE y Coalición Canaria.
Esta iniciativa, que incide principalmente en lo referido a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), pretende permitir que esa reserva se utilice para la adquisición y construcción de viviendas destinadas al alquiler habitual. Asimismo, incluye medidas como la obligatoriedad de que los propietarios no tengan vinculación directa o indirecta con el inquilino o que sean alquiladas tras los 6 meses posteriores a su adquisición o habilitación y permite que la RIC también se utilice para la creación de empleo directamente relacionado con las inversiones en las viviendas de alquiler.
Pese a votar lo mismo, los dos partidos mayoritarios mostraron posiciones fuertemente enconadas. Una de las ponentes de la iniciativa, la diputada socialista Dolores Corujo, acusó al PP de querer convertir la vivienda en un instrumento de obtención de rentas, en un contexto en el que muchas familias destinan el 43% de su salario al pago del alquiler. En la misma línea, pidió que no se utilice el fenómeno de la okupación para sembrar el miedo, ya que este fenómeno, según datos del CPGJ, solo afecta al 0,33% de las viviendas en alquiler.
También lamentó que el Gobierno de Canarias no haya aplicado la Ley de Vivienda y no haya declarado zonas tensionadas, a pesar de la excepcional situación que atraviesa el archipiélago.
La otra proponente, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, recordó las particularidades de Canarias -escasez de suelo y un crecimiento poblacional desaforado que ha hecho imposible la accesibilidad y ha disparado los precios- e indicó que es “poco probable” que el Gobierno vaya a resolver por si mismo el déficit de 30.000 viviendas antes de 2030, por lo que aseguró que se ha de contar con la iniciativa privada.
“Hay muchos canarios que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre pero que no cumplen las condiciones para acudir a una vivienda protegida”, señaló Valido, quien recordó que esta situación disuade a muchos profesionales de los servicios públicos como médicos y profesores a la hora de escoger destino en Canarias.
EL BANDO DEL SENTIDO COMÚN
“Doy la bienvenida al PSOE al bando del sentido común y la coherencia aunque solo sea en este asunto que tan poco les gustaba y que ahora abrazan como si la idea fuese suya”, afirmó el diputado del PP Carlos Sánchez Ojeda, quien recordó que esta propuesta la planteó inicialmente el PP. El diputado canario, quien también se acordó de Coalición Canaria en su intervención -“un día le ponen una vela a Dios y mañana otra al diablo”, afirmó-, aseguró que durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres fue cuando menos vivienda pública se impulsó en Canarias en los últimos años.
También indicó que esta medida estaba permitida hasta el año 2006 y volvió a pedir un endurecimiento en las medidas contra la okupación. “Mientras este Gobierno de socialistas y comunistas protege a los okupas, nosotros exigimos que se apruebe el desalojo de los okupas en menos de 24 horas”, afirmó.
Otro partido que se declaró a favor es el PNV. La diputada de la formación vasca Idoia Sagastizabal manifestó que Canarias sufre una situación especialmente sensible y recordó que esta medida ya aparecía reflejada en el Impuesto Mínimo Global.
Más crítica se mostró la diputada de Sumar Engracia Rivera, quien manifestó su temor a que esta medida promueva un modelo especulativo. “Debe garantizarse que sean viviendas protegidas”, aseguró la diputada, quien pidió medidas para que estas viviendas no pierdan su calificación.
Asimismo, lamentó que muchos canarios tengan que competir con inversores extranjeros con mayor poder adquisitivo, lo que hace que tengan que vivir en infraviviendas. “Desde Sumar defendemos que la vivienda no es un negocio”, aseguró, y afirmó que intervenir el mercado es un “derecho constitucional” y pidió incrementar el impuesto a las viviendas vacacionales del 7% al 20%.
VOX Y PODEMOS, EN CONTRA
Por su parte, tanto Vox como Podemos anunciaron el voto en contra de esta iniciativa. Para la diputada de Podemos Noemí Santana, el PSOE dice recoger el sentimiento de movimientos como Canarias Se Agota pero luego hace todo lo contrario.
“Esta modificación supondrá que muchas empresas dejarán de pagar tributos para invertir en especulación de vivienda”, lamentó Santana, quien criticó que el PSOE apruebe esta prebenda cuando el Gobierno de Coalición Canaria se niega a aplicar la Ley de Vivienda, lo que impide declarar zonas tensionadas.
También se mostró crítico, aunque por diferentes motivos, el diputado de Vox Alberto Rodríguez Almeida, quien consideró que la moratoria de solo seis meses desincentiva la inversión y criticó el “confuso redactado” de la iniciativa, lo que incrementará la inseguridad jurídica de los inversores. “La propuesta de Vox pasa por reducir la carga fiscal, simplificar contratación y simplificar administrativamente”, aseguró el diputado de la formación, quien también denunció la “corrupción inmobiliaria” mantenida durante años por el PP y el PSOE.
- Te recomendamos -
