MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana las dos enmiendas a la totalidad de devolución que el PP y Vox han presentado a la ‘ley trans’, que, en caso de ser rechazadas, continuará su tramitación en la Cámara Baja.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio el proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas Lgtbi, una norma que, según la ministra de Igualdad, Irene Montero, sitúa a España en “la vanguardia internacional en la defensa de los derechos de este colectivo”.
Una de las novedades del texto es el reconocimiento de la autodeterminación de género. Este concepto supone que es suficiente con la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de presentar informes médicos ni años de hormonación, como se exigía hasta la fecha.
En ese sentido, se estipula un sistema de doble comparecencia, en la primera de las cuales se informará de las consecuencias, medidas de apoyo y asistencia de asociaciones, mientras que en la segunda, a los tres meses, la persona afectada deberá ratificar o no su decisión, la cual será reconocida por las instituciones al mes de la ratificación.
También se mantiene que los menores de edad entre 16 y 18 años podrán acudir al Registro Civil a cambiar libremente su nombre y sexo; un trámite para el que requerirán de la autorización de sus progenitores quienes tengan entre 14 y 16 años, mientras que para quienes tienen entre 12 y 14 años se requerirá un expediente de jurisdicción voluntaria. Por debajo de los 12 años, únicamente se podrá cambiar el nombre en el DNI.
En el caso de las personas migrantes trans, se reconoce el derecho a cambiar sus datos en los documentos expedidos en España, siempre y cuando en sus países de origen no tengan reconocidos sus derechos como personas trans.
Otras de las novedades que incluye el texto son el reconocimiento a las mujeres lesbianas y bisexuales sin pareja del derecho de acceso a las técnicas de reproducción asistida, la filiación de los hijos de las lesbianas y bisexuales no casadas, la prohibición de las terapias de conversión, el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas intersexuales y la fijación de un régimen de infracciones y sanciones para hacer frente a las discriminaciones de las personas Lgtbi, divididas de la siguiente manera: leves (entre 200 y 2.000 euros) ante insultos y mensajes discriminatorios; graves (entre 2.001 y 10.000 euros) ante situaciones de exclusión laboral; y muy graves (entre 10.001 y 150.000 euros) ante negación de acceso a bienes y servicios y negación de alquiler y compra de viviendas por condición sexual, terapias de conversión, contenidos educativos discriminatorios y situaciones de acoso no tipificadas como delito.
A su vez, también se ponen en marcha una serie de medidas de acción positiva para perseguir la discriminación en el empleo, la salud y la educación que sufre el colectivo Lgtbi.
DIVISIÓN
Al margen de la oposición a la ley del PP y Vox, que se ejemplifica con las enmiendas a la totalidad de devolución que se debatirán mañana, el movimiento ha provocado la división del movimiento feminista y pronunciamientos en contra de sectores del PSOE, con la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo a la cabeza, quien llegó a afirmar que “la Ley Trans puede destrozar toda la legislación de igualdad”.
A pesar de ello, los socialistas garantizaron, a través de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, que permitirán la tramitación de la norma, advirtiendo de que se ocuparán de que los derechos que reconoce “no vayan en contra de otros derechos ya conquistados”.
Los colectivos Lgtbi se han reunido en los últimos días con los grupos parlamentarios proclives a la norma, también con el PSOE, a cuyos representantes urgieron a agilizar su aprobación, trasladándoles sus propuestas para enriquecer su contenido.
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