MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa de PSOE y Sumar que censura las ‘leyes de concordia’ promovidas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana para derogar sus anteriores leyes de memoria, por buscar hacer desaparecer “la condena del golpe de Estado de 1936”, equiparar “un régimen democrático –en referencia a la Segunda República– con el dictatorial franquista” y “eliminar los mapas de fosas” en estos territorios.
Lo que se ha aprobado con los votos de los partidos que integran al Gobierno y sus socios ha sido la autoenmienda registrada por el PSOE y Sumar a la proposición no de ley que los socialistas defendieron en la sesión plenaria del martes.
En ese debate, los aliados parlamentarios del Gobierno de coalición exigieron al Ejecutivo que desarrolle todos los puntos de la Ley de Memoria Democrática que siguen pendientes de aplicación un año y medio después de su entrada en vigor porque no basta con hacer frente a las denominadas ‘leyes de concordia’ que están impulsando el PP y Vox para derogar las leyes autonómicas allí donde gobiernan juntos.
A través del texto aprobado el Congreso muestra su “absoluto rechazo” a las normas memorialistas de PP y Vox porque buscan evitar la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
OPOSICIÓN FRONTAL AL EUFEMISMO “CONCORDIA”
Asimismo, la Cámara manifiesta su “oposición frontal” al uso del término “concordia” como “eufemismo para que desaparezca la condena del golpe de Estado de 1936 y para equiparar “un régimen democrático con el dictatorial franquista” o eliminar los mapas de fosas.
En este contexto, el Congreso insta al Gobierno a preservar la memoria democrática en todo el territorio del Estado ante las iniciativas que pretenden derogarla.
Además, la Cámara reitera el “compromiso” de España con los mandatos otorgados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Ley de Memoria Democrática de “acatar la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los Derechos Humanos.
El texto aprobado recalca que este mandato incluye a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), así como a todas las entidades del Gobierno (estatal, autonómico y local) y que todos ellos deben garantizar que se preserva la memoria de las víctimas de esas violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, “en tanto que elemento esencial de la reparación debida a las víctimas y de las garantías de verdad, justicia y no repetición de la violencia pasada”.
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