MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso ha aprobado, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social con el fin de eliminar la automaticidad de la extinción del contrato laboral de las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente. El texto, que pasa ahora al Senado, ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que lo ha rechazado.
El objetivo de la ley es eliminar el despido automático en casos de incapacidad permanente y condicionar la decisión empresarial del despido a la voluntad de la persona trabajadora y a la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o a la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.
De este modo, la empresa únicamente podría activar esta causa de despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva. Asimismo, se plantea una reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, para desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato de trabajo, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente.
Entre las modificaciones incorporadas a su paso por el Congreso, este mismo miércoles se alcanzó un acuerdo para incorporar una enmienda que encarga al Gobierno que, en el plazo de un año, apruebe una ley que permita adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías nacionales y militares de las Fuerzas Armadas con discapacidad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aplaudido esta aprobación por la que se deroga el despido automático por razón de discapacidad permanente laboral sobrevenida, “discriminación histórica que aún subsistía” en el ordenamiento jurídico-laboral. “El CERMI agradece al Gobierno, a través del ministerio que dirige Yolanda Díaz, y a los grupos políticos, respectivamente, el impulso y el extenso respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada”, añade.
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