MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
El Congreso de los Diputados dio luz verde definitivamente este jueves al proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, “una norma con la que se pretende promover una verdadera cultura de la evaluación” y que prevé la creación de una agencia estatal que se encargue de ello.
La pretensión del Gobierno con esta nueva legislación es “reforzar” el valor de la evaluación de las políticas públicas y hacer “más eficaz” la asignación de los recursos a este proceso.
Según el Ministerio de Hacienda, la norma introduce un enfoque “transversal, integral y participativo “a la hora de medir el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía, y se fortalecen las capacidades del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, “proporcionando las herramientas para analizar el impacto de las políticas con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto.”
Esta era una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea para “avanzar en el proceso de institucionalización de la evaluación de políticas públicas” y “dotar a España de un marco normativo que regule la materia”.
Entre otras novedades, la Ley recoge que se diseñará un sistema de indicadores comunes para acometer el seguimiento aplicable a la Administración General del Estado, que servirá a su vez de referencia para cualquier organismo o administración pública.
Además, el texto recoge que la evaluación de políticas públicas se realizará por “un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar” y que “el órgano responsable de cada política pública deberá rendir cuentas respecto a si adopta las recomendaciones del informe de evaluación, o explicar por qué en caso contrario”.
Por último, la nueva norma contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales.
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