MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados aprobó este jueves el dictamen de la reforma legal que establecerá la eliminación de la extinción automática del contrato de trabajo en situaciones de incapacidad permanente por discapacidad sobrevenida, después de lograr un amplio consenso, al conseguir el ‘sí’ del PP y Junts, con el único rechazo de Vox.xx
Así, el dictamen de la ponencia del proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente fue aprobado por casi unanimidad.
El texto no tiene que pasar por el Pleno de la Cámara Baja, de modo que es remitido directamente al Senado, donde será aprobado con toda seguridad, dado que el PP cuenta con mayoría absoluta y ha apoyado el texto en el Congreso.
Cabe recordar que en octubre, el proyecto de ley ya superó su primer examen parlamentario, dado que antes de poder empezar su tramitación en el Congreso, tuvo que superar una enmienda a la totalidad de devolución de Vox, que fue rechazada por todos los partidos, salvo por los diputados de la formación de Abascal.
Esta reforma legal es una vieja demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que fue recogida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado año, y que fue pactada por ambas partes antes de ser aprobada en Consejo de Ministros.
ACUERDOS
Si se incorporasen cambios en el Senado, las enmiendas añadidas tendrían que ser convalidadas nuevamente por el Congreso. De lo contrario, si se diera en la Cámara Alta luz verde al texto sin modificaciones, sería remitido directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y posterior entrada en vigor.
En la ponencia de la reforma legal, se pactaron algunos cambios en el proyecto de ley, entre los que destaca que, en el plazo de seis meses y en el marco del diálogo social, el Gobierno presentará una propuesta de modificación de la normativa en materia de Seguridad Social sobre incapacidad permanente y su compatibilidad con el trabajo.
Además, se ha pactado que, con el objetivo de avanzar en los principios de igualdad y no discriminación en el acceso y consolidación del empleo de las personas con discapacidad, en el plazo de 12 meses y en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, el Gobierno presentará una propuesta de modificación de los regímenes del personal de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de las Fuerzas Armadas para garantizar la posibilidad de adaptar o cambiar el puesto de trabajo en caso de incapacidad permanente absoluta, total o gran incapacidad por discapacidad sobrevenida. Dicha norma será presentada como proyecto de ley.
CAMBIOS LEGALES
Más allá de estas enmiendas, la modificación del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores eliminará la referencia a la extinción automática por Gran Incapacidad, Incapacidad Permanente Absoluta e Incapacidad Permanente Temporal, separando con ello estas causas de la muerte de la persona trabajadora.
La posibilidad de extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa, se condiciona a la voluntad de la persona trabajadora que podrá solicitar una adaptación del puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada o el cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.
El texto también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y también, en su caso, si son razonables para el tamaño de la empresa.
DEBATE
Durante el debate del texto, desarrollado bajo un clima de cordialidad entre los grupos, se puso de relieve el amplio consenso sobre la norma. La diputada del PP Irene Garrido destacó la importancia de los cambios propuestos por su partido para mejorar el texto, mientras PNV, Esquerra, Bildu , el PSOE y Sumar se alinearon plenamente con el espíritu de la reforma.
Desde el PSOE, la parlamentaria Elisa Garrido subrayó que, hasta ahora, se “equiparaba” la discapacidad sobrevenida “con la muerte laboral” de la persona afectada. Mientras, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, , elogió que la norma nace de una demanda de la sociedad civil y resaltó el diálogo llevado a cabo para acordar la norma.
Incluso Junts, que realizó alguna crítica al texto, avanzó su voto afirmativo. Más duro se mostró el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, quien dijo que con esta ley “se invierte el principio de subsidiariedad” y “supone una penalización para el trabajador con discapacidad” para el acceso a las prestaciones, pese a que su permanencia en activo está sujeto a la voluntariedad del empleado con discapacidad adquirida.
Igualmente, alertó del perjuicio para las empresas, a las que no se prevé compensar por los gastos para adaptar los puestos de trabajo. “Esto es construir la casa por el tejado”, añadió Aizcorbe, quien exigió “seguridad jurídica” porque la inclusión se debe diseñar con “normas bien diseñadas”.
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