La modificación, pendiente desde 2018, será debatida directamente por el Pleno sin pasar por ponencia ni comisión
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar la próxima semana por la vía exprés la reforma del artículo 49 de la Constitución pactada por PP y PSOE para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por “persona con discapacidad”.
Una vez que la Mesa del Congreso admita a trámite este martes la proposición de ley registrada por los dos grandes partidos, ésta será remitida al Gobierno para que se pronuncie sobre su tramitación, habida cuenta de que el Ejecutivo tiene la facultad de vetar las iniciativas de los grupos si considera que implican un aumento de gasto o una merma de ingresos.
Dado que en este caso existe un acuerdo previo y Moncloa no pondrá pegas, la previsión es que el Gobierno conteste con celeridad. En iniciativas anteriores como la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, el Gobierno apenas tardó 24 horas en dar su permiso.
SENDOS DEBATES EN DOS DÍAS
Cuando llegue la conformidad oficial del Ejecutivo para la tramitación, la reforma se podrá llevar al Pleno. Según han avanzado fuentes parlamentarias, la previsión es que se tome en consideración en una sesión plenaria el próximo martes, día 16, y que dos días después se vuelva a convocar el Pleno para debatir en su caso las enmiendas de totalidad o parciales que se puedan presentar y aprobar el texto para su remisión al Senado. Eso sí, dadas las obras en el hemiciclo del Congreso, estas sesiones plenarias se volverán a celebrar e la Cámara Alta.
De esta manera se dará cumplimiento al compromiso que alcanzaron el pasado 22 de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóó, quienes acordaron que esta modificación de la Carta Magna se debatiera en una sesión monográfica.
Por eso cuando registraron la iniciativa socialistas y ‘populares’ ya solicitaron que se tramitara por la vía de urgencia, lo que implica reducir los plazos a la mitad, y también en lectura única, es decir, de una tacada en el Pleno, sin pasar por las fases de ponencia y comisión.
Una reforma constitucional de este tipo exige un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores), lo que hace imprescindible la presencia de los dos grandes partidos.
SIN ENMIENDAS NO ACORDADAS Y SIN REFERÉNDUM
Sánchez y Feijóo quedaron en que la reforma cuyas formaciones pactaron hace meses se aprobará tal cual sin aceptar ninguna enmienda ajena ni modificaciones que no cuenten con el apoyo de los dos grandes partidos. En este contexto, ambas formaciones han avanzado su rechazo a la propuesta de Compromís de aprovechar esta reforma para recuperar, incluyéndolo en la Constitución, el Derecho Civil Valenciano.
Feijóo también obtuvo el compromiso del PSOE de que sus socios de Sumar no apoyarán la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma, pues se podría organizar con la firma de 35 diputados y la posición de los de Yolanda Díaz sería determinante si alguien lo propusiera.
Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto “más acorde a los nuevos tiempos”.
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
NUEVA REDACCIÓN
Lo que se pretende es cambiar a redacción recogiendo que “las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación”. Además, se busca señalar que “los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad”.
“Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad”, añade el nuevo artículo.
La idea es incluir un tercer punto diciendo que “se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes” y que “las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos”.
VARIAS OPORTUNIDADES PERDIDAS
Esta redacción contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara.
En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción hace meses cn discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante. Los ‘populares’ aseguraban que no tenían garantías de que la reforma constitucional se fuera a ceñir exclusivamente al artículo 49 y no veían disipado el riesgo de que algún grupo forzase la celebración de un referéndum constitucional.
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