MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acusado a las autoridades de Ecuador y Nicaragua de vulnerar el “derecho a vivir con dignidad” de varias niñas menores que han sido obligadas a llevar a término sus embarazos y criar a los hijos nacidos de violaciones.
En concreto, se trata de un caso contra Ecuador y dos contra Nicaragua y que involucran a niñas de entre doce y trece años que quedaron embarazadas tras ser violadas, unos actos que “equivalen a tortura y a una falta de protección”, según ha denunciado Hélêne Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.
Al resultarles imposible obtener justicia y recursos efectivos en Ecuador y Nicaragua, las tres menores llevaron sus casos al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que tras determinar que en ninguno de los dos países se habían investigado los hechos, considera que esta falta de acción es una omisión de la obligación de los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de “ejercer un deber reforzado de protección en el caso de una niña víctima de violencia”.
“Las tres niñas sufrieron un alto nivel de angustia causado por el abuso sexual, el embarazo no deseado, particularmente a esta temprana edad, el estigma dentro de la comunidad y la carga emocional y financiera de criar a un niño nacido de una violación en una situación de pobreza”, ha remachado Tigroudja.
Así las cosas, el comité ha incidido en la necesidad de combatir la violencia sexual, proporcionar a las niñas educación de salud sexual y reproductiva necesaria para identificar la violencia sexual y los embarazos y garantizar que todas las víctimas de violencia sexual tengan acceso efectivo al aborto
TRES MENORES VIOLADAS Y OBLIGADAS A DAR A LUZ
El caso de la menor ecuatoriana se trata de una niña de trece años que quedó embarazada fruto de una violación incestuosa por parte de su padre, quien anteriormente ya había abusado de otras niñas de la familia y había sido denunciado ante las autoridades por estos hechos, según relata el citado comité en un comunicado.
Aunque en Ecuador existe legalmente el aborto terapéutico, en la práctica es “casi imposible”, con lo que la menor se vio obligada a llevar a término su embarazo y dar a luz al niño fruto del incesto. Además, aunque intentó entregar al niño para que fuera criado por otros miembros de su familia, fue mal informada al respecto y terminó viéndose obligada a criar al niño “en la pobreza y sin acceso a la educación”.
Por otro lado, Naciones Unidas ha dado a conocer el caso de otra menor nicaragüense criada por sus abuelos y obligada a trabajar sin recibir educación. Cuando apenas tenía seis años comenzó a ser abusada por parte de su abuelo y a los doce años quedó embarazada tras ser violada por él y sin posibilidad de abortar, pues es una práctica prohibida en el país.
Al día siguiente de dar a luz, la menor presentó una denuncia penal y solicitó protección de su abuelo. Tras emitirse una orden de detención, las autoridades confirmaron a la menor que no podrían hacerla cumplir ni brindarle garantías de seguridad porque su abuelo formaba parte de un grupo armado que controlaba la zona.
Finalmente, el tercer caso abordado por el Comité de Derechos Humanos gira en torno a una niña de trece años violada en repetidas ocasiones por el sacerdote local, que le obligaba más tarde a tomar pastillas anticonceptivas de emergencia, aunque en una de estas ocasiones quedó embarazada. Presentó una denuncia contra el sacerdote, tras lo que fue presionada para que retiraran los cargos debido a la posición social y religiosa del acusado.
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