MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves, por unanimidad, el informe sobre la Ley de Trata en el que avala esta norma realizada por el Ministerio de Justicia. Aún así, reclama la necesidad de que las medidas estén acompañadas de financiación para ponerla en marcha.
El texto advierte en diversas ocasiones de “la necesidad de que la entrada en vigor de la ley venga acompañada de las medidas presupuestarias necesarias que garanticen la disposición de medios materiales y personales suficientes y adecuados para la implantación del nuevo sistema diseñado”.
Los expertos recuerdan en el dictamen al Gobierno que, sin estos medios financieros, la puesta en marcha de la normativa y del nuevo sistema que recoge “resultaría muy difícil. Y, en este sentido, señala como una ausencia “llamativa” en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del anteproyecto, la certificación detallada de los importes necesarios para la puesta en marcha de una Fiscalía especializada en trata y explotación de seres humanos.
Pero la mayor parte del documento destaca la buena redacción y las propuestas de este texto, como su carácter integral y transversal; la reforma del Código Penal para regular la actuación judicial contra los contenidos ilícitos en el ámbito digital y de las nuevas tecnologías; que recoja la necesidad de promover programas de formación especializada de la Abogacía y la inclusión de un turno de oficio específico para asistir a las víctimas de trata; los procesos de identificación de las víctimas; o el reconocimiento de sus derechos, entre otras.
PRECISIONES
Entre las precisiones que realiza a Justicia sobre la ley, está su advertencia sobre que las modificaciones de leyes orgánicas se contienen sólo en algunas disposiciones del anteproyecto lo que, a su juicio, “desnaturaliza el rango de la norma”. También sugiere incluir en el texto “un precepto específico dedicado a las UnidadesMultidisciplinares de Identificación” ya que, según ha indicado, la función y composición de estas “hay que deducir del resto del articulado”. Además propone que se desarrolle en este sentido un reglamento específico.
Por otra parte, el CGPJ advierte de la necesidad de que la labor de los intérpretes, especialmente en sede judicial, se “rija conforme a criterios claros de deontología profesional” y advierte de la conveniencia de “realizar las averiguaciones oportunas en torno al intérprete o traductor en caso de que se sospeche de su vinculación o posible pertenencia al entorno del entramado criminal” ya que, según explicado, “no es inusual cuando se trata de traductores de dialectospoco habituales o conocidos”.
En lo que sí realiza una “severa crítica” es a la “desafortunada redacción” de los artículos que tienen que ver con la identificación y embargo de los bienes de los presuntos autores. Según los expertos, esta redacción “atenta contra la independencia judicial de los magistrados instructores que (…) no pueden ser ‘obligados’ con carácter genérico a la adopción ‘urgente’ de dichas medidas”.
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