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El Cermi solicita revisar las políticas de emergencia para asegurar una protección efectiva a las personas con discapacidad

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MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) clausuró este jueves el seminario ‘La dimensión social de las emergencias y catástrofes: Gestión preventiva para minimizar el impacto en las personas con discapacidad’, donde expertos y entidades del sector reclamaron protocolos accesibles y una mayor coordinación para evitar situaciones de exclusión en emergencias.

Así lo declaró en la clausura María Carmen Sacacia, vicepresidenta del Cermi y presidenta de Fiapas, quien subrayó la necesidad de replantear las políticas de emergencias para trascender la respuesta inmediata y garantizar la protección real y efectiva de las personas con discapacidad.

“La gestión de emergencias no puede limitarse al aquí y ahora. Debemos mirar más allá, anticiparnos y garantizar que las personas con discapacidad tengan una respuesta adaptada en todas las fases: prevención, impacto y recuperación”, reclamó. “No se trata solo de estabilizar la emergencia, sino de asegurar que, tras una catástrofe, nadie quede desamparado”, insistió.

Sacacia puso el foco en la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad auditiva en contextos de emergencia, alertando sobre la falta de visibilidad y reconocimiento de sus necesidades específicas. Insistió en la necesidad de contar con sistemas de comunicación accesibles, que incluyan subtitulado, interpretación en lengua de signos, recursos tecnológicos en tiempo real y un acceso universal al 112 sin necesidad de registro previo. Además, destacó que es imprescindible la formación de los profesionales de seguridad y emergencias para garantizar que puedan actuar de manera efectiva ante situaciones de riesgo que involucren a personas con discapacidad.

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Durante la jornada, Pablo Navajo, de Cruz Roja Española, apuntó que las emergencias no pueden abordarse exclusivamente desde un enfoque técnico o de infraestructuras, sino que deben incorporar medidas concretas para atender la diversidad de necesidades de la población.

“Las catástrofes naturales y crisis humanitarias no afectan a todas las personas por igual”, expuso. “La falta de accesibilidad y protocolos inclusivos puede convertir una emergencia en una barrera insalvable para miles de personas con discapacidad”, advirtió.

A NIVEL TERRITORIAL

El presidente de Cermi Comunidad Valenciana, Luis Vañó, compartió por su parte las lecciones aprendidas tras las recientes inundaciones en la Comunidad Valenciana y subrayó la necesidad de desarrollar un Plan de Emergencias Inclusivo en la región.

“La brecha entre la normativa y su aplicación efectiva ha quedado en evidencia”, lamentó. En su opinión, este documento debe servir como referencia para que la gestión de futuras emergencias garantice la dignidad, inclusión e igualdad de oportunidades de todas las personas”. Vañó insistió en que la accesibilidad en la información, la evacuación y la provisión de asistencia son aspectos esenciales que deben abordarse con urgencia.

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PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Gordon Rattray, del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), aportó una visión comparada sobre las emergencias y la discapacidad en el contexto europeo. Señaló que, a pesar de los avances normativos, muchos países aún carecen de protocolos efectivos.

“Las emergencias deben abordarse con una estrategia de doble vía: garantizar medidas universales de accesibilidad y, al mismo tiempo, desarrollar acciones específicas para colectivos con mayores barreras”, afirmó. También denunció que la falta de datos desagregados sobre discapacidad en crisis impide evaluar el impacto real y diseñar respuestas adecuadas

ENFOQUE DE GÉNERO

El delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi, Gregorio Saravia, y Sara de Torres, de la Fundación Cermi Mujeres, presentaron un análisis sobre los estándares internacionales en emergencias y discapacidad. Ambos coincidieron en que España debe adoptar como referencia las directrices internacionales y convertirlas en medidas concretas.

“No basta con tener normas, hay que aplicarlas con rigor y garantizar que las personas con discapacidad sean protagonistas en su implementación”, concluyeron. Según de Torres, se necesita además aplicar una perspectiva interseccional en la gestión de emergencias, y considerar su diferente impacto en mujeres y niñas con discapacidad.

TERCER SECTOR

A continuación, María José Juanes, directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, destacó la necesidad de una colaboración estrecha entre el tercer sector y las Administraciones, así como la importancia de la preparación, la inmediatez y la confianza para garantizar una respuesta eficaz a las personas más vulnerables.

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También reclamó eliminar barreras burocráticas, porque “tenemos que reducir la violencia administrativa y el estigma social”.

El evento incluyó un debate moderado por Ana Peláez, secretaria general del EDF, en el que participaron Concepción Díaz Robledo (FCM), Daniel-Aníbal García-Diego (Igualis), Ana Cabello (Daño Cerebral Estatal ), Fran Sardón Peláez (Impulsa Igualdad), y Javier Luengo, de Cermi Madrid.

Díaz Robledo destacó la urgencia de garantizar la seguridad y protección de mujeres y niñas con discapacidad en situaciones de crisis, mientras que Ana Cabello alertó sobre la invisibilidad del daño cerebral adquirido en los planes de emergencia y la falta de formación del personal de rescate.

Sardón insistió en la necesidad de aplicar criterios de accesibilidad universal en todos los protocolos de actuación, y Luengo señaló que la falta de planificación provoca respuestas improvisadas que dejan atrás a las personas con discapacidad.

Aníbal García-Diego y Sardón coincidieron en que es fundamental que los planes de emergencia cuenten con la experiencia de las entidades del sector para garantizar su efectividad, evitando situaciones de exclusión como las vividas durante la pandemia y la reciente dana en la Comunidad Valenciana.


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