MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó su borrador del ‘Informe Derechos Humanos y Discapacidad, España 2024’, una radiografía “detallada” de las vulneraciones y avances en la aplicación de la Convención en España.
Según los datos presentados, el 23% de las denuncias recogidas en el informe se refieren a la falta de accesibilidad. Trabajo, empleo y educación completan los principales ámbitos de quejas. La propuesta de informe se dio a conocer en la primera reunión del año del Comité de Apoyo del Cermi Estatal para la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una vez vista por este órgano asesor, pasará al Comité Ejecutivo de la entidad para aprobación definitiva.
Según Gregorio Saravia, delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, “un 55% de los registros incluidos eran de denuncias; un 31% se referían a propuestas de mejora, y un 15% se trataban de avances”. Agregó que el artículo de la Convención que concentra un mayor número de denuncias es el 9, sobre accesibilidad universal Le siguen los artículos 24, sobre educación, y 27, referido trabajo y empleo.
El informe revela que las propuestas de mejora se concentran principalmente en el artículo 27 (trabajo y empleo). Tras él aparecen el artículo 9 (accesibilidad) y el 4 (obligaciones generales) como los que más propuestas obtienen. En cuanto a los avances registrados, el mayor número se refiere al artículo 9 sobre accesibilidad, al que siguen los artículos 27 (trabajo y empleo) y 25 (salud).
Los datos presentados por Saravia indican que, en 2024, el 23% de las denuncias se referían a accesibilidad; el 10%, a educación, y otro 10% tenían que ver con trabajo y empleo. Las propuestas de mejora se corresponden en un 14% con trabajo y empleo, un 12% con accesibilidad y un 10% para obligaciones generales.
Respecto a los avances, el 44% tienen que ver con la accesibilidad; el 13% con trabajo y empleo, y el 8 se produjeron en el ámbito de la salud. En total, se registraron 145 denuncias por vulneraciones de derechos contemplados en la Convención, 81 propuestas de mejora y 39 avances.
OTROS TEMAS TRATADOS
En la reunión también se abordaron otras cuestiones de gran relevancia para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como el proceso de elaboración de la Observación General sobre el artículo 29 de la Convención relativa a la participación en la vida política y pública.
En su informe de aportaciones, el Cermi subrayó la importancia de garantizar la accesibilidad universal en todos los procedimientos electorales y de fomentar la presencia de personas con discapacidad en cargos públicos, porque existe un gran déficit de representación en este ámbito.
Sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), propuso mejorar los sistemas de recogida de datos sobre las personas con discapacidad solicitantes de asilo y refugiadas, para que se desglosen por sexo, edad y tipo de discapacidad. Además, se insistió en la importancia de garantizar la accesibilidad universal en todos los procedimientos y espacios de acogida, así como en los sistemas de identificación y evaluación de necesidades.
Los participantes en el encuentro también analizaron el anteproyecto de Ley que reforma el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, presentado por el Gobierno al Cermi la pasada semana.
Entre otros puntos, destacaron la creación de un fondo estatal para financiar mejoras de accesibilidad en edificios públicos; la reducción del coste que asumen las comunidades de vecinos en obras de adaptación, y la concesión automática del 33% de discapacidad a las personas con grado de dependencia reconocido.
Se abordó también la demora en el desarrollo reglamentario de la jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad, que ha motivado la presentación de quejas formales por parte del Cermi ante el Defensor del Pueblo y la Oficina de Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Ambos órganos han abierto expedientes de investigación sobre esta cuestión, en respuesta a la preocupación por los perjuicios que esta dilación provoca a los trabajadores afectados.
TRANSPORTE
Cermi reclamó también que las personas con discapacidad tengan prioridad en la futura Estrategia contra la Pobreza en el Transporte que prepara el ministerio, y planteó la creación de un Observatorio de Movilidad y de una Oficina Nacional de Movilidad que permitan garantizar la accesibilidad, asequibilidad y seguridad del transporte. Denunció, asimismo, las carencias en los descuentos para personas con discapacidad en operadores privados y la escasez de vehículos accesibles en el sector VTC.
Por otro lado, se informó sobre la reclamación presentada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa por vulneración del derecho a la vivienda adecuada, debido a la falta de accesibilidad en edificios residenciales.
El Cermi presentó, por último, su propuesta para la creación de una Agencia Europea de Accesibilidad con sede en España y de un fondo europeo específico en esta materia. Además, reivindicó un reglamento más garantista sobre los derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad, denunciando “los abusos y barreras” que asegura que se siguen produciendo en el transporte aéreo.
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