MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) participó este lunes en la presentación del estudio ‘Situación de las personas Lgtbi+ en España desde un enfoque interseccional’, donde subrayó su compromiso con la diversidad sexual dentro del colectivo.
Promovido por el Ministerio de Igualdad,el informe analiza las barreras que enfrentan las personas Lgtbi+ con discapacidad en ámbitos como la educación, el empleo, la salud y la participación social. Asimismo, exige respuestas urgentes desde las políticas públicas para garantizar la igualdad y la inclusión.
Durante la presentación del trabajo, que tuvo lugar en la sede del Ministerio, Jesús González Amago, presidente de la Comisión de Diversidades Sexuales (Lgtbi+) y Discapacidad del Cermi Estatal, destacó que este estudio es una herramienta esencial para visibilizar y combatir las múltiples formas de discriminación.
“Si trabajamos por una sociedad más inclusiva y equitativa, los ‘armarios de la discapacidad’ siguen siendo una barrera que dificulta la igualdad a las personas Lgtbi+ con discapacidad”, afirmó. A su juicio, “la invisibilización de la sexualidad y los estereotipos sobre las personas con discapacidad agravan estas desigualdades, especialmente en entornos educativos y sociales”.
Recalcó el compromiso de Cermi con la diversidad e interseccionalidad y su trabajo como agente clave para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en todas las políticas públicas. “La llave para el cambio está en crear alianzas entre instituciones y sociedad civil, en apostar por políticas públicas que no dejen a nadie atrás y en remover los obstáculos que todavía limitan los derechos y la dignidad de estas personas”, concluyó González Amago.
DATOS PREOCUPANTES
El informe revela que, en el ámbito laboral, el 41% de las personas con discapacidad entrevistadas han sufrido discriminación por este motivo; el 27% por orientación sexual y el 15% por identidad de género. En educación, el 78% de las personas Lgtbi+ con discapacidad han sido víctimas de rechazo y acoso, lo cual afectó su rendimiento y bienestar emocional.
Además, más del 50% de las personas encuestadas reportaron experiencias de discriminación en espacios de ocio y participación social, alcanzando el 70% en algunos casos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reafirmó el compromiso del Gobierno con la igualdad real y efectiva en un momento clave de transformación social.
En su intervención, Redondo apostó por “ampliar los derechos y libertades en el marco de nuestra democracia”, combinar los datos con los relatos personales para “comprender las realidades humanas”, y desarrollar políticas públicas que remuevan los obstáculos hacia la igualdad efectiva. Además, anunció la creación de una autoridad independiente este mismo año, que será responsable de liderar y coordinar las redes institucionales necesarias para garantizar que estas iniciativas se traduzcan en avances tangibles.
“Sin recursos económicos suficientes, las transformaciones sociales quedarán en un plano teórico. Debemos actuar con determinación para hacerlas realidad”, afirmó.
PRIMER PASO
Según el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, el estudio es un “primer paso necesario” para garantizar la no discriminación y el respeto hacia las personas Lgtbi+ con discapacidad.
“Es esencial aplicar una perspectiva interseccional para comprender y combatir las diferentes formas de opresión, como el capacitismo, el sexismo o la Lgtbifobia”, declaró.
Hizo también un llamado a todas las Administraciones públicas para trabajar de manera coordinada, asegurando que nunca más las personas con discapacidad queden fuera de las políticas públicas.
En la misma línea, Rosa Martínez , secretaria de Estado de Derechos Sociales, insistió en que este trabajo es una herramienta clave para abordar las desigualdades persistentes. “La falta de rigor y la persistencia de mitos son prácticas habituales que debemos combatir con datos y análisis sólidos”, señaló.
Martínez subrayó que el artículo 49 de la Constitución debe ser el marco de referencia para garantizar políticas públicas inclusivas y traducirlas en acciones concretas que remuevan los obstáculos hacia la igualdad.
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