MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) destacó este viernes el avance que cupone nueva Ley de Empleo que tramita el Parlamento para las personas con discapacidad.
El Pleno del Senado aprobó ayer miércoles el dictamen del proyecto de Ley de Empleo. No obstante, el texto, que fue aprobado por 148 votos a favor, 13 en contra y 111 abstenciones, no será enviado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino que el Congreso tendrá que pronunciarse nuevamente al haberse incorporado cuatro enmiendas en la Cámara Alta.
El Cermi indicó que “lo esencial de los contenidos de discapacidad” del texto aprobado por el Congreso se mantiene, ya que estas enmiendas de la Cámara Alta no afectan a los mismos.
Además, explicó que algunas de las enmiendas incorporadas en el trámite del Senado “guardan relación con las personas con discapacidad, positivas, por lo que, si son asumidas por el Congreso, supondrán una mejora, a mayores, del proyecto deley en esta materia”.
Asimismo, el Cermi destacó que “gracias a la acción propuesta e incidencia” que ha desarrollado a lo largo “de esta tramitación pre y legislativa, la nueva ley incorpora” destacables avances.
En este sentido, el Cermi citó la restauración de la asimilación legal a efectos laborales entre las situaciones de incapacidad permanente de Seguridad Social y clases pasivas y grado mínimo de discapacidad del 33 por 100, desaparecida en 2018 en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo.
También la modificación de la Ley General de Discapacidad para obligar a todos los poderes públicos, administraciones, autoridades y agentes oficiales a usar como terminología adecuada únicamente la de “persona(s) con discapacidad”.
Otro aspecto es la consideración legal expresa de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) como grupo de especiales dificultades de inserción laboral.
Destaca, asimismo, el Cermi la separación e identificación específica de las partidas presupuestarias que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo de personas con discapacidad, “lo que facilitará su trazabilidad, seguimiento y aplicación finalista a la discapacidad, sin confusión o trasvases a otros sectores sociales laboralmente vulnerables”.
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