MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció este martes ante el Defensor del Pueblo el retraso del Gobierno en la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un organismo que considera “necesario” para garantizar los derechos de accesibilidad de las personas con discapacidad.
La creación de esta entidad quedó recogida en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que contemplaba un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor, el 14 de julio de 2022, para la constitución de este organismo. A partir de entonces, y en el plazo máximo de un año, la propia Autoridad Independiente debía presentar una propuesta para la constitución de un Centro de Documentación y Memoria sobre Discriminación, Odio e Intolerancia.
Desde el Cermi calificaron esta Ley como “un instrumento de gran valía para avanzar contra la discriminación y garantizar el principio de igualdad de forma amplia e integral”. En este sentido, según explicó, la creación de la Autoridad Independiente, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la norma estatal.
Entre sus funciones se encuentran velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad y solicitar la actuación de la Administración General del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.
Además, el Cermi recordó que la Ley recoge un conjunto de obligaciones para todo el sector público a nivel local, autonómico y judicial, cuya finalidad es promocionar el derecho a la igualdad de trato, formar a su personal en la materia, atender a las víctimas de cualquier forma de discriminación y sancionar aquellas conductas constitutivas de infracción. Por este motivo, alegaron que el retraso “injustificado” en la creación de la Autoridad Independiente “no puede amparar el desconocimiento y la falta de cumplimiento generalizado de la norma”.
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