MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aplaudió que el Congreso de los Diputados haya aprobado este jueves la iniciativa legislativa por la que se deroga el despido automático por razón de discapacidad permanente laboral sobrevenida, una “discriminación histórica que aún subsistía en nuestro ordenamiento jurídico-laboral”.
En efecto, la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, con competencia legislativa plena, dio su visto bueno, con amplio apoyo de los grupos políticos, al proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente, que pasa directamente al Senado, para culminar allí su tramitación parlamentaria si no se incorporan enmiendas. De lo contrario, volverá a ser sometido el texto a votación en el Congreso.
De este modo, se elimina del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, dedicado a la regulación del despido, la extinción automática de la relación laboral cuando al trabajador le sobreviene una incapacidad permanente en sus grados de total, absoluta o gran (incapacidad). A partir de ahora, el trabajador, si así lo decide, podrá seguir activo laboralmente, estando obligado el empleador a realizar los ajustes razonables en el puesto de trabajo o a cambiar de ubicación laboral, para que esa continuidad pueda producirse.
La modificación del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores trae su causa de la reforma hace ahora poco más de un año del artículo 49 de la Constitución, que obligaba a revisar toda aquella legislación ordinaria que contuviera discriminaciones o trato desigual por razón de discapacidad, como venía ocurriendo en este caso.
Para hacer realidad este mandato constitucional, el Cermi y el Ministerio de Trabajo y Economía Social acordaron promover esta reforma normativa, con “gran alcance social”, que hoy ha dado un “paso decisivo” con la aprobación del Congreso.
El Cermi agradeció al Gobierno, a través del ministerio que dirige Yolanda Díaz, y a los grupos políticos respectivamente, el “impulso y el extenso respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada”.
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