MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) expresó este jueves su preocupación ante la propuesta de la Comisión Europea para modificar las Directivas (UE) 2022/2464, sobre la presentación de información sobre sostenibilidad empresarial (CSRD), y (UE) 2024/1760, sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad (Csddd) por el riesgo de que supongan un retroceso en sostenibilidad social.
A su juicio, los cambios planteados en la iniciativa “podrían reducir la efectividad de estas normativas”, que supusieron “un avance significativo en la inclusión de las personas con discapacidad dentro del marco regulador europeo sobre sostenibilidad empresarial”.
En concreto, la CSRD incorporaba la inclusión y el empleo de personas con discapacidad como factores sociales clave en la información empresarial de sostenibilidad, a través de requisitos de divulgación (NEIS, ESRS en inglés).
Por su parte, la Csddd reconocía en sus considerandos la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) como marco jurídico que las empresas deben considerar en su diligencia debida en derechos humanos.
En un comunicado, el Cermi alertó sobre el impacto negativo que la modificación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre información de sostenibilidad puede suponer, ya que la propuesta “limitaría su cumplimiento obligatorio a empresas con más de 1000 empleados”.
Según cálculos de la propia Comisión Europea, ello dejaría fuera al 80% de las empresas, y haría más difícil garantizar la transparencia en sostenibilidad y la inclusión de criterios sociales en la actividad empresarial.
También pidió “no reducir los aspectos sociales” en la sostenibilidad, sobre todo aquellos que garantizan la visibilidad de las personas con discapacidad en los informes empresariales.
Por ello, instó a la Comisión Europea, al Parlamento y al Consejo a mantener las NEIS y los puntos de datos actuales que hacen referencia a las personas con discapacidad, porque “estos contenidos son fundamentales para garantizar que sus derechos y necesidades sean contemplados en la información de sostenibilidad empresarial”.
Además, expresó su inquietud por la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil como partes interesadas en la Csddd, y pidió reconsiderar los mecanismos de responsabilidad incluidos en la propuesta original, así como cualquier otro instrumento que favorezca su aplicación efectiva.
Por último, reiteró su llamamiento al Gobierno de España para que continúe con la transposición efectiva de estas Directivas y no se reviertan los avances logrados en la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito de la sostenibilidad.
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