LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)
El Consejo Político Nacional de CC ha respaldado este domingo por unanimidad la hoja de ruta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo en materia migratoria para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “cumpla sus obligaciones legales con las islas”.
De igual modo, el máximo órgano de la formación nacionalista ha reclamado al Estado que garantice la distribución territorial de los casi 6.000 menores migrantes no acompañados que permanecen en el archipiélago.
Así lo ha señalado CC en un comunicado en el que recuerda que se está a las puertas de una nueva semana clave en la que previsiblemente se llevará a cabo la mesa de diálogo impulsada por Clavijo con el Gobierno del Estado y el Partido Popular.
Por ello, el partido apoyan al presidente canario para que insista en reclamar que el Ejecutivo de Sánchez abandone su “inmovilismo” en materia migratoria en las islas y cumpla cuanto antes la Ley de Extranjería.
“Una ley que exige al Estado que garantice el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia”, agregó.
Además, el Consejo Político Nacional de CC lamentó la doble vara del PSOE en su gestión de la agenda territorial, ya que “no tienen ningún pudor en sentarse en Suiza con un prófugo de la justicia mientras que despliegan todo el aparato del Estado para bloquear y entorpecer la iniciativa impulsada por Canarias para poner orden y garantizar la atención y los derechos de los menores migrantes en las islas”.
Finalmente, CC sostiene, a este respecto, que “es inadmisible, además, el doble rasero exhibido por la Fiscalía, que en 2022 no movió ni un solo dedo ante la amenaza del anterior presidente, Ángel Víctor Torres, de desplegar carpas en las islas, mientras que ahora pone todo su empeño en boicotear al Gobierno de Canarias y cerrar los ojos ante los graves incumplimientos del Estado en materia migratoria en las islas”.
“Incumplimientos que ponen en riesgo la protección y el interés superior de los menores que permanecen en centros desbordados por la inacción del Estado y la insolidaridad del resto de los territorios”, concluyó.
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