MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado que finalmente sean los juzgados de Parla quienes investiguen al teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva –ex jefe Antidroga para El Estrecho de Gibraltar– y otros dos agentes por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal resuelve la cuestión de competencia suscitada después de que tanto la Audiencia Nacional (AN) como los juzgados de Parla rehusasen hacerse cargo del caso al considerar que no les correspondía.
El caso comenzó a investigarse de forma secreta en la AN como una pieza separada de una causa mayor sobre narcotráfico. Pero el pasado mayo, el entonces responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, archivó la investigación principal y acordó enviar la parte relativa a Oliva a los juzgados de Parla.
Abascal razonó entonces “nos encontramos ante la presencia de un presunto delito de revelación de secretos en relación de concurso medial con un delito de cohecho” y, “para consumar el delito de cohecho, el momento inicial de la acción delictiva hay que situarlo en la sustracción de los secretos e información reservada que posteriormente fueron entregados como dádiva”.
Con todo, concluyó que el juzgado competente era el de Parla porque dicha sustracción “se produjo en la sede del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, radicada en Pinto (Madrid), perteneciente al partido judicial de Parla”.
Sin embargo, el juzgado de Parla rechazó asumir el caso al entender que el delito se consumó en Andalucía, donde estaba la sede del Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON-Sur).
Así las cosas, la causa volvió a la Audiencia Nacional, donde Abascal acordó plantear una cuestión de competencia para que el Supremo resolviera, algo que ha hecho determinando que “la competencia corresponde a los juzgados de Parla” porque “la sustracción de la información que da lugar al delito de revelación de secretos y al delito de cohecho se produce en Pinto”.
SUPUESTAS PRESIONES
Según fuentes del caso consultadas por Europa Press, Oliva habría presionado a dos tenientes –Juan Antonio Bernal y Javier Israel Fuentes– para saber si Asuntos Internos le estaba investigando por asistir a una fiesta del ‘narco’, unas pesquisas que en realidad no se estaban llevando a cabo.
No obstante, Asuntos Internos sí advirtió esas presuntas presiones y le empezó a investigar por eso. También dirigió sus pesquisas contra los otros dos tenientes.
Las presiones se habrían producido durante su etapa como jefe del OCON-Sur, creado a mediados de 2018 como unidad puntera en la lucha antidroga y desmantelado en septiembre de 2022 por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
‘OPERACIÓN VAREA’
Según detalla el TS, el teniente Bernal “sustrajo a instancias del teniente coronel Oliva información secreta de la ‘Carpeta H’ del SAI (Servicio de Asuntos Internos) utilizando el ordenador de mesa que tenía asignado” a cambio de “obtener una comisión de servicio en el OCON-Sur”.
El alto tribunal apunta que dicha información, que afectaba también al teniente Fuentes, “comprendió una pluralidad de carpetas entre ellas, la subcarpeta ‘Varea'”, y se filtró a Oliva desde Pinto, tras lo cual Bernal consiguió la comisión de servicios.
La Audiencia Nacional acordó el pasado 12 de abril dejar en libertad pero con la obligación de comparecer mensualmente tanto a Oliva como a los otros dos agentes. Esa decisión, tomada a instancias de la Fiscalía Antidroga, llegó después de escuchar durante varias horas la versión de los tres investigados, que negaron los hechos que se les imputan.
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