Entre sus acciones, estaría orientada a ofrecer mediación en situaciones de desahucio, según se detalla en la moción aprobada
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (EUROPA PRESS)
El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes impulsar, junto con los ayuntamientos de la isla, una oficina insular y virtual que dé información y asesoramiento a los ciudadanos en materia de vivienda, entre ellos sobre los “derechos” y “vías legales” existentes ante la ocupación de una vivienda.
La moción aprobada, presentada por los Grupos Coalición Canaria y Partido Popular, expone que la oficina asistirá, además, técnicamente en la tramitación de procedimientos judiciales o administrativos relacionados con la protección del derecho a la propiedad de la vivienda.
Se han presentado dos enmiendas a la totalidad, una de ellas del Partido Socialista y la restante del Grupo Mixto (Vox), rechazadas en el pleno. La iniciativa del PP y CC ha contado con 19 votos a favor y 11 en contra.
“El principal problema que ha hecho que perdamos del orden de casi 8.000 viviendas del mercado tradicional tiene que ver con la ley (estatal) de vivienda, que ha introducido insejuridad jurídica para los propietarios”, ha valorado durante el pleno el consejero nacionalista Juan José Martínez.
Ha aludido a a las “seis razones” por las que el propietario “se ha ido al alquiler vacional o ha cerrado su vivienda”, entre ellas “el miedo” por la ocupación, los cambios normativos “constantes e imprevisibles” y las “posibles limitaciones al precio de alquiler” con las declaraciones de zona tensionada.
También ha ahondado Martínez en otro de esos aspectos, como es “la sobrecarga de obligaciones para el propietario”, la mayor “rentabilidad y control” del alquiler vacacional, y la “inseguridad jurídica” frente a impagos y destrozos.
Desde el Grupo Mixto (Vox), Naím Yanez ha afeado a CC y PP que al pleno se haya presentado, de nuevo, una iniciativa que, asegura, llevó Vox al Cabildo en diciembre de 2023, y que fue apoyada por los grupos políticos, salvo el PSOE, mientras, desde entonces, no ha ocurrido “absolutamente nada”.
La consejera de Vivienda, Sofía Hernández, ha insitido en cómo el gobierno insular ha demostrado en el mandato que “sí se puede actuar” en la problemática de la vivienda, ya que “en tan solo año y medio” se han movilizado recursos, siendo “pioneros” en programas y acuerdos que “permiten la construcción de vivienda”.
“Ustedes también pudieron haberlo hecho, pero les faltó voluntad y compromiso con los ciudadanos”, ha deslizado la consejera, que ha argumentado en cómo la solución de la ocupación pasa por la modificación de la ley estatal, que hace que el “verdadero vulnerable” sea “el propietario” y no el que ocupe el inmueble.
Desde el Partido Socialista, Priscila de León ha defendido un “gran plan de vivienda pública”, que esté respaldado por una empresa pública de vivienda para agilizar trámites. “Lo primero es dotarnos de un área de vivienda con personal suficiente para poder gestionar esta nueva competencia”, ha dicho.
Ha insistido, además, en la necesidad de crear una oficina técnica que ayude a los ayuntamientos en la materia y convocar el Consejo Insular de la Vivienda.
“En esta moción, lo que nos encontramos es que en ningún punto habla de cómo este gobierno va a construir vivienda pública. Lo que no transmite esta moción es la preocupación de que las familias de esta isla estén en situaciones que tengan que elegir entre pagar el alquiler o hacer la compra”, ha argumentado.
DETALLES DE LA MOCIÓN
La oficina virtual en vivienda que informaría a los ciudadanos sobre los derechos y vías legales que presentan ante la ocupación de inmuebles estaría orientada a ofrecer, según la moción, mediación en situaciones de desahucio.
El acuerdo implica, también, instar a los grupos con representación en el Congreso de los Diputados a promover, con carácter de urgencia, una reforma del marco normativo estatal en materia de vivienda.
Así, defienden una norma que garantice la protección efectiva del derecho a la propiedad, agilice los procedimientos de recuperación de inmuebles ante impagos u ocupaciones y estimule fiscalmente el alquiler de vivienda desocupada, eliminando incertidumbres jurídicas a propietarios para poner inmuebles en el mercado.
También se ha aprobado solicitar al Gobierno de Canarias que fortalezca, con carácter prioritario los convenios de colaboración con grandes tenedores de vivienda* entidades financieras, promotoras, fondos de inversión, etc.).
A ello suman la petición de ampliación del Plan Canario de Vivienda, que realice un “mayor énfasis” en el estímulo a la construcción de vivienda protegida, promoviendo fórmulas de colaboración público-privada para dinamizar la oferta en los municipios con mayor tensión residencial.
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