MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El Banco Central Europeo (BCE) considera que la propuesta legislativa del impuesto a la banca con fines presupuestarios debe ir precedida de “un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario” para “garantizar” que no plantee “riesgos para la estabilidad financiera”.
En su dictamen emitido este jueves y firmado por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el organismo reclama este análisis con el fin de “garantizar” que este impuesto no plantee “riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real”. Lo considera “especialmente pertinente en el actual entorno económico y financiero, que presenta una gran incertidumbre, y ante la perspectiva de que las provisiones para pérdidas crediticias de las entidades de crédito aumenten”.
El banco central considera que debería detallarse “el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad” de las entidades afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, “de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos”.
Cree que el gravamen debe considerarse “cuidadosamente en lo que se refiere a su impacto en la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito”.
Asimismo, señala que el hecho de que una entidad de crédito deba pagar el impuesto aun registrando pérdidas netas “distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario”. Añade que, incluso, “podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria”.
El BCE sostiene que la base sobre la que se establecería el gravamen temporal “no tiene en cuenta todo el ciclo económico” ni los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito. Por ello, cree que el importe “podría no ser proporcional a la rentabilidad”.
También considera que “una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades”.
Al respecto, el BCE pide “aclarar” que los incrementos de precios aplicables a los clientes por aumentos de costes distintos al gravamen, relacionados con la cobertura de riesgos y por ajustes de los márgenes comerciales “son todos ellos aumentos legítimos”.
Por otra parte, el BCE espera que las entidades “tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda”.
Del mismo modo, solicita aclarar qué mecanismos de verificación aplicará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para garantizar que el impuesto no se repercute y objeta que “habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo, parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no”.
Por último, sobre los conceptos a los que se aplicaría el impuesto, el BCE entiende que grava los ingresos netos por intereses y los ingresos netos por comisiones, y sobre este punto ve “deseable” utilizar una terminología “más clara” en el texto final. Tampoco ve clara la función de colaboración del Banco de España para que el impuesto no se repercuta y cree que podría exponerse con más precisión “indicando que no equivale a encomendar ninguna tarea nueva al Banco de España”.
El impuesto fue registrado a finales de julio en el Congreso de los Diputados afecta a los bancos que ingresen más de 800 millones por intereses y comisiones y establece un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses más comisiones netas. La intención del Gobierno es aplicarlo durante dos años, 2023 y 2024, para recaudar 1.500 millones de euros en cada ejercicio.
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