MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Ayuntamiento de Madrid desbloqueó este martes, en el primer Pleno del nuevo curso político, la Operación Campamento que permitirá construir 10.700 viviendas en antiguas instalaciones militares del distrito de Latina, de las que al menos el 60% serán de protección oficial y el 7% de alquiler.
La iniciativa se aprobó con los apoyos de PP, PSOE y Vox, solo Más Madrid votó en contra. El objeto de la Operación Campamento es recuperar los suelos sin uso de las antiguas instalaciones militares para satisfacer las demandas de vivienda y dotaciones locales y singulares, integrando y articulando la propuesta con los espacios metropolitanos y regionales contiguos (Pozuelo de Alarcón y Alcorcón).
En ese sentido, la zona pasará de ser un espacio con instalaciones militares únicamente, a tener un 34% de viario, un 15% de equipamientos, un 17% de zonas verdes, un 25% de residencial y comercio y finalmente un 7% de instalaciones militares. Fuentes del Ministerio de Vivienda afirmaron que el objetivo no solo es que se trate de una zona residencial, sino que se ajuste a los criterios de máxima calidad y sostenibilidad. “No va a ser un barrio solo para vivir, sino de máxima calidad urbana”, apuntaron estas fuentes.
El Consistorio destacó la operación hace una semana como “una de las más importantes del país”. La superficie total de este nuevo desarrollo es de 2.110.206 metros cuadrados, un espacio similar al ámbito que ocupa Madrid Nuevo Norte (230 hectáreas). El proyecto cuenta con tres fases, con una primera que se centrará en la construcción de 1.600 viviendas. Las otras dos incorporan la edificación de un mayor volumen de pisos pero ya ligados al soterramiento de la A-5 a su paso por Campamento.
PRECIOS
Por medio de esta operación se construirán 10.700 viviendas a precio asequible. En todo caso desde el Ministerio de Vivienda precisan que siempre serán precios “asequibles”, lo que explican como que se situarán por debajo del precio de mercado en la capital. En este sentido, apuntaron que la “garantía” de que no se especulará con el suelo es que este es propiedad, al 97,7%, del Sepes. Y, pese a estas limitaciones, desde el Ministerio se mostraron conocedores de que muchos promotores tienen interés en este proyecto.
Desde el departamento dirigido por Isabel Rodríguez no concretaron precios de alquiler y venta de las viviendas, pero las fuentes consultadas realizan estimaciones como que, con los precios de hoy día, una vivienda de 70 metros cuadrados se arrendaría por unos 540 euros al mes y la venta se situaría en torno a los 200.000 euros.
El delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, defendió la operación este martes en el Pleno y afirmó que va a permitir “afrontar los tres grandes retos” del urbanismo en Madrid que pasan por “la generación de vivienda”, “la transformación urbana” y el reto de “la sostenibilidad”. Asimismo, que la operación en paralelo para soterrar la A-5 “va a convertir esa autopista urbana” en una en “una extraordinaria zona verde”.
Vox valoró que es un proyecto que combina la vivienda pública con la privada y el “acuerdo entra administraciones”. El concejal socialista Antonio Giraldo señaló que es un día “muy importante para Madrid” y que aunque el planeamiento es de 2009 ” la oportunidad era ahora” o quizá “no hacerlo nunca”.
Más Madrid fue el único grupo que se posicionó en contra, la portavoz, Rita Maestre, reiteró, como en los últimos días, que es “una oportunidad perdida enorme para cambiar la política de vivienda” de Madrid.
“No hay reto ni problema más acuciante para las familias y jóvenes madrileños, como es acceder a una vivienda en nuestra ciudad nuestra ciudad y nuestro país ha invertido enormes cantidades de recursos públicos en un modelo fracasado que es el modelo de la vivienda protegida, que ustedes van a aprobar hoy”, reprochó.
Finalmente, argumentó que el modelo de esta operación “no garantiza el acceso a la vivienda, ni de la población más vulnerable ni de la población trabajadora, ni de los jóvenes” y que “dentro de 15 años solo el 7% de esos terrenos seguirán siendo públicos”.
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