MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El Ayuntamiento de Madrid aprobó este jueves en Junta de Gobierno el gasto plurianual por más de 600.000 euros para prorrogar un contrato con el fin de mejorar la atención de personas adultas con adicciones procesadas por delitos asociados a su adicción, según explicó la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz.
Según informó el Consistorio, se trata de un programa de atención y mediación en el ámbito judicial en relación con las adicciones, que se desarrollará en los Juzgados de Instrucción de Madrid y que servirá para optimizar la coordinación entre los servicios de la Administración de Justicia y las redes especializadas en adicciones, para favorecer la reinserción social de pacientes adictos con problemas legales.
El servicio, realizado por la Asociación Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (SIAD) implica tareas de información, asesoramiento, coordinación y seguimiento tanto con la justicia en la instrucción, enjuiciamiento y ejecución de las sentencias de las personas con problemas de adicción detenidas o encausadas, así como con los profesionales de los centros que derivan casos para ser orientados y atendidos en materia judicial.
Además, este programa también ofrece orientación en materia jurídica y sobre adicciones a las personas detenidas en los calabozos de los juzgados de guardia de Madrid, les proporciona las dosis de metadona en calabozos cuando la persona detenida lo precise y así lo tenga pautado desde su centro; y posibilita, en algunos casos, la mediación penal entre la persona infractora con problemas de adicción y las víctimas, a fin de consensuar la reparación del daño causado y obtener beneficios penales.
PERSONAS ATENDIDAS
Durante 2022 y hasta abril de 2023, gracias a este programa, más de 28.500 personas detenidas en los calabozos recibieron información y, de ellas, 7.090 se incorporaron a asesoramiento y atención especializada.
Además, se activaron 729 procesos de gestión del tratamiento con metadona para personas detenidas que lo necesitaban, se atendió a 3.381 familias de personas con adicciones encausadas, y se iniciaron 52 procesos de mediación penal, entre otras acciones.
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