MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado este viernes el ataque contra una patrulla de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) en el que ha muerto al menos un ‘casco azul’ –de Burkina Faso– y que ha dejado ocho heridos de gravedad.
“Han subrayado –los miembros del consejo– que los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional. Han hecho hincapié en que la participación en la planificación, dirección, patrocinio o realización de ataques contra el personal de mantenimiento de la paz de MINUSMA constituye una base para las designaciones de sanciones de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, ha señalado en un comunicado la presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU, Lana Zaki Nusseibeh.
Además, el consejo ha instado al Gobierno de Malí a “investigar rápidamente” el ataque y a promover la rendición de cuentas, y ha recordado que es responsabilidad de los estados anfitriones la seguridad del personal y de los bienes de la ONU.
“Cualquier acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación, donde sea, cuando sea y quienquiera que lo cometa”, ha reiterado el consejo, que ha abogado por combatirlo “por todos los medios” en conformidad con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
Malí y el resto de los países del Sahel han experimentado un recrudecimiento de la violencia, tanto yihadista de manos de grupos vinculados a Al Qaeda y a Estado Islámico, como de tipo intercomunitario, lo que ha llevado a Francia y a los países del G5 Sahel –Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger– a incrementar sus operaciones, situación por la que el Consejo de Seguridad ha expresado su preocupación.
La MINUSMA tiene desplegados ‘cascos azules’ en el país desde 2013, si bien las relaciones se han deteriorado a raíz de los golpes de Estado liderados por el líder de la junta militar, Assimi Goita, en agosto de 2020 y julio de 2021 y los aplazamientos por parte de la junta a la hora de fijar un calendario electoral para una transición democrática.
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