MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Gobierno central ha aprobado este martes un decreto ley que, entre otras cosas, prorroga las medidas de apoyo a la isla de la Palma en materia de Seguridad Social, en el ámbito laboral y en el ámbito hipotecario, prorrogando otros 6 meses el régimen de suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal de las hipotecas de los afectados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.
Entre otras cuestiones, se amplían hasta el 31 de diciembre de 2023 los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras afectadas.
Además, el Ejecutivo prorroga algunas de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la subida de precios que caducan el próximo 30 de junio, como las rebajas del IVA de los alimentos y las ayudas al transporte público.
“Hoy hemos aprobado un séptimo paquete de medidas aplicables a la segunda parte del año para seguir respondiendo con eficacia al impacto de la guerra en Ucrania”, ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En total, este paquete de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total –teniendo en cuenta las ayudas totales, con las rebajas de impuestos y bonificaciones– es de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año.
“En total, los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra”, ha puesto en valor la vicepresidenta primera.
El nuevo paquete aprobado mantiene la supresión durante seis meses más del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta.
Dentro de los alimentos básicos que ven eliminado el IVA del 4% destacan el pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común; las harinas panificables; los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos; los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario.
Además, entre otras ayudas que caducan el próximo 30 de junio y que se han prorrogado este martes se encuentra también la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (el descuento de Cercanías de Renfe y media distancia ya se había extendido todo el año).
El Gobierno seguirá bonificando así con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%.
SE PRORROGA LA PROHIBICIÓN DEL DESPIDO
El Real Decreto-ley también prorroga las medidas laborales vinculadas con el disfrute de ayudas públicas. De esta manera, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2023. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.
SE MANTIENEN BONIFICACIONES AL GASÓLEO
También se prorrogan las ayudas al gasóleo para los transportistas profesionales, agricultores y ganaderos, de forma que hasta el 30 de septiembre la bonificación será de 10 céntimos por mes, mientras que en el último trimestre del año será 5 céntimos por litro.
Además, se incorporan ayudas directas para profesionales del transporte por carretera no sujetos a gasóleo profesional, y que por tanto no se benefician de esa bonificación, y para los servicios de transporte marítimo de interés público.
Como consecuencia de la disolución de las Cortes Generales por el adelanto electoral, la Diputación permanente, único órgano que permanece en pie, será quien asuma la facultad de convalidar o derogar las medidas que ha aprobado este martes el Gobierno vía decreto ley.
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