Aventura que Arévalo jurará el cargo en enero pero podría “verse bloqueado” a la hora de gobernar
Insta a la comunidad internacional a ver más allá de Israel y “estar alerta” también a lo que sucede en el país
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El defensor de los Derechos Humanos guatemalteco y líder del pueblo q’eqchi’ Bernardo Caal ha instado este lunes a las empresas españolas a “respetar las leyes internacionales” y “la vida de los pueblos originarios” a la hora de realizar sus inversiones en el país centroamericano.
Así, ha especificado que deben ser “los funcionarios, el presidente del gobierno e incluso la monarquía” quienes presionen a las compañías para que no incurran en violaciones de los Derechos Humanos a la hora de sacar adelante sus negocios, tal y como ha destacado durante una entrevista con Europa Press en la sede de Amnistía Internacional en Madrid.
El defensor del medio ambiente, que se encuentra de visita en España, donde espera reunirse con un grupo de diputados de Unidas Podemos, ha arremetido contra la construcción de centrales hidroeléctricas “sin el consentimiento” ni la “consulta legal pertinente”, exigida por la ley, a las comunidad indígenas que viven junto al río Cahabón en el estado de Alta Verapaz, en el norte del país.
Así, ha afirmado que el proyecto para la construcción de estas centrales por parte de la española Grupo Cobra, anteriormente filial de ACS, salió adelante tras un acuerdo entre la compañía y el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, a los que Caal ha acusado de corrupción y de estar detrás de la construcción de las seis centrales de la zona.
Caal, que estuvo cuatro años en prisión por hacer frente al llamado “pacto de corruptos” y tratar de paralizar la construcción de estas hidroeléctricas, ha incidido en que la condena en su contra formaba parte de una “persecución política” para callar a los activistas y ha lamentado que la situación de los defensores de los Derechos Humanos es “muy crítica” en el país.
Denunciar este tipo de injusticias, ha dicho, es “altamente peligroso”. “Le persiguen a uno, muchos han sido asesinados y a la mayoría se les fabrica delitos”, ha dicho en relación con los recursos presentados en 2017 ante la Justicia. Los tribunales reconocieron entonces que se violó el derecho a la consulta previa y libre de las comunidades indígenas pero, posteriormente, Caal fue acusado y condenado a siete años y cuatro meses de prisión por incurrir en “actos de violencia” contra empleados de Netzone, contratista de Oxec, responsable de varios proyectos hidroeléctricos en la zona.
“¿Por qué son perseguidos los pueblos indígenas? Porque hay un imperio o hay personas que quieren controlar todas las situaciones, porque saben que sus acciones violentan los Derechos Humanos, en este caso, de los pueblos originarios. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en mi caso? (…) ¿Desde dónde vienen las instrucciones para instalar hidroeléctricas y desviar el cauce de un río? Viene desde las instituciones del Gobierno”, ha aseverado antes de denunciar la falta de justicia real y la efectiva separación de poderes en Guatemala.
En este sentido, ha lamentado haber sido “criminalizado y satanizado” ante la población con la connivencia de los medios de comunicación a medida que avanzaba su caso en los tribunales y a pesar de que el Tribunal Supremo le dio la razón en primera instancia. “La Corte de Constitucionalidad dice que se violaron los derechos de los pueblos indígenas y ordena al Ministerio de Energía y Minas hacer la consulta, pero también dice que las empresas tienen que seguir construyendo”, ha puntualizado.
“Es como si una persona está siendo agredida, violada, la ley se diera cuenta, pero dijera que vale, que usted puede seguir violando. Entonces, ¿de qué sirve denunciar?”, ha advertido sobre la falta de medidas contundentes por parte de la Justicia a pesar de corroborar violaciones por parte de estas empresas.
“Eso fue lo que ocurrió, yo ya estaba en la prisión. Ahí quedó, hasta la presente fecha. Y tampoco se hizo esa consulta. No se ha hecho. ¿Y por qué el Constitucional falla a favor de que se siga construyendo si está diciendo que ya vale? Por la presión que ejercieron. (…) Todos los días salían en los medios de comunicación, comunicados de todas las empresas”, ha sostenido en relación a las empresas detrás de las centrales.
El también profesor guatemalteco ha indicado, además, que ahora que ha salido de la cárcel “sigue denunciando”. “No sé qué plan más hay contra mí, pero hay que denunciar. (…) Están acostumbrados a que mucha gente se atemorice. A mí no me gusta guardar silencio y he preferido asumir las consecuencias”, ha aclarado, al tiempo que ha recordado su etapa en prisión como “traumática”.
Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el presidente saliente, Alejandro Giammattei, haya incurrido en la violación de Derechos Humanos, Caal ha afirmado con firmeza que “todos los gobiernos” que han pasado por Guatemala son “cómplices”.
CRISIS POLÍTICA
En relación con las protestas que llevan sucediéndose desde hace casi un mes en el país para exigir la dimisión de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Freddy Orellana, por “socavar la democracia” al tomar medidas contra el Movimiento Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo, ha destacado que se trata del despertar del pueblo de Guatemala.
“Por eso es que en las elecciones de 2023 surge una sorpresa. Eligen a una persona con perfil bajo, que es Arévalo. (…) Esto significa que el pueblo, contra este pacto de corruptos, lleva 28 días manifestándose”, ha sostenido antes de matizar que “no se están pidiendo cosas grandes”.
Asimismo, ha subrayado el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –creada tras un acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco y ya disuelta desde hace tres años–. “Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que empezaron a caer altos cargos, como el presidente Pérez Molina o la exvicepresidenta Roxana Baldetti”, ha señalado. No obstante, ha alertado de que, posteriormente, estas personas “se organizaron y realizaron un pacto para fortalecerse, cerrar filas y expulsar a la CICIG”, ha añadido.
El activista guatemalteco ha reconocido a su vez que “Israel está ahora llamando mucho la atención”, pero ha pedido a la comunidad internacional “estar también alerta a los que vivimos en Guatemala”. “Imagínate un presidente (Giammattei) más preocupado por Israel que por su propio país”, ha declarado.
Sobre la posibilidad de que Arévalo jure el cargo el próximo 14 de enero, tal y como está previsto, ha dicho sentirse optimista: “Yo creo que él va a tomar el cargo, pero no le van a dejar gobernar como él quisiera”. “Muchas de las cosas que suceden en Guatemala probablemente vienen del órgano legislativo y él no tiene mayoría. (…) Desde ahí creo que le van a empezar a bloquear”, ha explicado.
“Tiene dos caminos, uno es estar con el pueblo como lo ha hecho hasta ahora, recalcar que él no cede ante este pacto de corruptos, o puede cansarse y acabar cediendo”, ha asegurado.
“Parece que ahora el pueblo se está turnando para viajar a la capital a manifestarse. Se va a aguantar hasta el 14 de enero y yo creo que si seguimos así Arévalo logrará tomar posesión”, ha expresado antes de denunciar que el objetivo de “perseguir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral es crear la duda” entre la población. Para él, estas protestas van a seguir “irremediablemente” porque “va a ser difícil que el pueblo retroceda”.
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