Se niega a entregar al juzgado los dispositivos que habrían sido atacados con el programa espía
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El abogado Gonzalo Boye, que representa, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont, insiste en que la Justicia tiene que investigar a la empresa israelí NSO, propietaria del ‘software’ espía Pegasus, por el presunto espionaje que asegura haber sufrido con este programa y así lo ha solicitado de nuevo al Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid, que ya lo rechazó.
Hace dos meses, la jueza María Cristina Díaz decidió inadmitir la querella presentada por Boye respecto a la compañía israelí, sus tres fundadores y otras dos mercantiles, aunque acordó que investigará si hay una “posible” vulneración de la intimidad y el secreto de las comunicaciones del abogado por parte de “otros”.
Para adoptar esa decisión, la titular del juzgado madrileño escuchó a la Fiscalía, que informó a favor de desestimar la querella contra la empresa de Pegasus al “carecer los hechos que se imputan de elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad”. Tampoco veía “justificación alguna” en abrir un proceso penal para comprobar “hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de un delito imputable a los querellados”.
Asimismo, y al igual que la jueza, el Ministerio Fiscal se mostró partidario de comprobar si “otros” autores hubieran atacado los derechos a la intimidad del abogado, así como a analizar los terminales para buscar indicios que pudieran ser relevantes.
Esa admisión parcial de la querella es, bajo el punto de vista de Boye, una decisión “contradictoria”, pues trata “de manera diferenciada” los hechos al apuntar que el delito lo podrían haber cometido “otros” pero no los querellados, es decir, las empresas.
“No se entiende, ni el Juzgado lo ha explicitado debidamente, de qué modo, ante supuestos de hecho idénticos, aquéllos podrían resultar simultáneamente constitutivos de delitos para algunos querellados y no para otros (…) máxime sin investigación alguna al respecto (…) en un estado embrionario del proceso”, señala.
“INDUDABLE” QUE NSO INTERVINO
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado defiende que descartar las pesquisas sobre la empresa de Pegasus debería plantearse “durante el desarrollo de la investigación”.
Para Boye, esa decisión es “manifiestamente irrazonable” y “en la que la aplicación de la legalidad resulta tan sólo una mera apariencia”, ya que no hay duda del “indudable” papel que tuvieron esas empresas y NSO como “creadora y administradora” de Pegasus en el proceso de recopilación de información de su teléfono “atacado”.
En el auto dictado en julio, la jueza emplazó a Boye a entregarle los teléfonos móviles que hayan sido “objeto de ataque” en las 18 ocasiones, entre enero y mayo de 2020, que el abogado dice haber sido víctima a través de mensajes con enlaces maliciosos y “disfrazados de notificaciones de Twitter”, además de por un “ataque” con el programa Pegasus el 30 de octubre del mismo año.
Esos teléfonos, explicó la jueza, serían remitidos a la Policía Judicial para que elabore un informe pericial sobre si en verdad hubo “intromisiones” con Pegasus, pero dos meses después Boye aún no los ha entregado, según las fuentes jurídicas consultadas.
La querella de Boye, de 109 páginas, denunciaba que, conforme al informe emitido por The Citizen Lab, otro del Supervisor Europeo de Protección de Datos o noticias que documentaban los casos de espionaje a políticos independentistas, había sufrido a lo largo del año 2020 al menos 18 ataques con Pegasus. Según el letrado, en esa documentación es “evidente” el “carácter delictivo” de los hechos.
Boye señaló que “la utilización del ‘software’ malicioso de inteligencia cibernética Pegasus afecta de manera esencial al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”. Al hilo, alertaba que la posible interceptación de llamadas, mensajes de textos y de mensajería instantánea podría haber vulnerado su derecho a la intimidad. Y añadía que –en su caso particular, como abogado– también puede implicar una vulneración del secreto profesional.
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