Revela que existe más discriminación por identidad y orientación sexual que por discapacidad en el ámbito familiar
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El 78% de personas LGTBI+ con discapacidad en España ha experimentado discriminación en el sistema educativo, según se desprende del estudio ‘La situación de las personas LGTBI+ con discapacidad’, elaborado por el Ministerio de Igualdad y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Para llevar a cabo el estudio se han realizado 50 entrevistas en profundidad a personas LGTBI+ con discapacidad; 15 a profesionales de diversos sectores; 420 encuestas; un grupo de discusión, con personas expertas en la materia; así como un seminario de agentes clave.
El estudio refleja que, entre quienes ejercen la discriminación en el sistema educativo, son los propios compañeros y compañeras de clase quienes más discriminan, seguidos por el profesorado y otros miembros del personal escolar y de personas ajenas a los centros.
Respecto a las consecuencias de la discriminación, el estudio revela que el 30% ha tenido efectos psicológicos, al 24% le ha afectado en las relaciones sociales y a un 13% en las actividades cotidianas. Además, explicsa que estos impactos se concentran con mayor frecuencia en las personas con enfermedad mental y/o trastorno mental frente a otras discapacidades.
En el ámbito familiar, alerta de que existe más discriminación por identidad y orientación sexual que por discapacidad. En este sentido, apunta que, para muchas de las familias encuestadas, la idea de que la única forma “correcta” de ser es “una en la que existe una alineación entre el sexo biológico, la orientación sexual, la identidad sexual y los roles de género tradicionales”.
De hecho, el estudio refleja que la intersección entre este paradigma normativo respecto de la sexualidad y la identidad sexual y el del capacitismo “puede llevar a los núcleos familiares a ejercer violencia simbólica y a intensificar la discriminación contra la persona LGTBI+ con discapacidad”. Así, precisa que las consecuencias directas son la infantilización, la asexualización y la heterosexualización, que “niegan la posibilidad de que las personas con discapacidad tengan una vida sexual plena y elegida”.
EL 41% HA EXPERIMENTADO DISCRIMINACIÓN, RECHAZO O ACOSO EN EL TRABAJO
Respecto al ámbito laboral, indica que el 41% de las personas encuestadas refieren haber experimentado discriminación, rechazo o acoso en su trabajo. Así, destaca que la discapacidad fue la principal razón de discriminación referida con un 43%, seguida de la orientación sexual con un 27% y la identidad sexual con un 15% de las respuestas. Estas situaciones se producen tanto por parte de compañeros de trabajo (36%) como de supervisores (31%), lo que “agrava la situación y genera entornos laborales poco inclusivos”.
Asimismo, expone que las experiencias de discriminación y rechazo en el trabajo tienen consecuencias significativas en la salud mental con discapacidad, generando secuelas psicológicas, sentimiento de pérdida de autonomía o tener dificultades en las relaciones sociales. También afirma que, ante la falta de inclusión y las barreras, personas LGTBI+ con discapacidad optan por ocultar “alguna o todas sus identidades” para evitar la discriminación.
Por otro lado, el estudio también aborda la situación de las personas LGTBI+ con discapacidad en el ámbito sanitario y revela que el 46% de ellas se han sentido discriminadas en algún momento. En este sentido, destaca que el género y la discapacidad son “factores clave” en las experiencias de discriminación. Además, añade que los hombres tienen menor incidencia de discriminación en comparación con las mujeres y las personas no binarias, así como hay una mayor frecuencia de discriminación en discapacidad múltiple y en enfermedad o trastorno mental.
En cuanto a las consecuencias de la discriminación en el ámbito sanitario, estas advierte de que son “profundas”, destacando los efectos psicológicos (36%), la sensación de culpabilidad (24%) y la pérdida de autonomía y libertad (18%).
En el ámbito de las administraciones públicas, los encuestados señalan diversas barreras y experiencias de discriminación en lo que respecta al acceso a determinados servicios públicos, especialmente en el ámbito judicial y en las instituciones de tipo residencial.
Igualmente, el informe refleja que casi el 70% de las personas LGTBI+ con discapacidad se han sentido discriminadas en el ámbito del ocio. Así, agrega que tienen mayores experiencias de discriminación si, además, son personas racializadas y/o mayores.
En la misma línea, el estudio también destaca que el 71,2% de los encuestados manifiesta tener “pocas” o “ninguna” dificultad para iniciar o mantener relaciones sexuales. Sin embargo, indica que “predomina una mirada basada en la lástima y en la sobreprotección hacia estas personas LGTBI+ con discapacidad perpetuando el mito de que no son deseables ni deseantes, negándoles el reconocimiento de sus necesidades sexuales y afectivas y limitando su acceso a una sexualidad plena y satisfactoria”.
ANA REDONDO: “ES EL ARMARIO QUE FALTABA POR ABRIR”
Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el estudio pretende “abrir un armario”. “Creo que es el armario que faltaba por abrir, el de las situaciones de discriminación de las personas LGTBI con discapacidad”, ha señalado en declaraciones a medios.
Asimismo, Redondo ha expuesto que el estudio “pone cifras a una realidad, a veces dura, a veces de gran desigualdad, pero necesaria para precisamente diseñar aquellas políticas públicas encaminadas a remover todos los obstáculos que todavía impiden la igualdad real y efectiva de las personas”.
La ministra también ha dicho que la “interseccionalidad” es “la asignatura pendiente que todavía tiene esta sociedad, esta democracia española para seguir avanzando en igualdad de derechos y en reconocimiento de esas libertades necesarias y básicas de todas las personas con independencia de su condición o de su situación”.
Finalmente, Redondo se ha comprometido en la presentación del estudio a que la figura de la Autoridad Independiente para la Igualdad de trato se una “realidad” este año. Esta está comprendida en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, aprobada en julio de 2022.
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