MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
El 65% de los ciudadanos rechazan vivir con una persona con trastorno mental y al 40% no les gustaría que sus hijos se relacionasen con alguien en esta situación. Además, solo un 52,5% de la población estaría dispuesta a tener algún tipo de contacto con personas sin hogar.
Así lo pone de manifiesto la investigación de la cátedra de Grupo 5 y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contra el estigma presentada este jueves en Madrid, que incluye la primera encuesta nacional que aborda el estigma social hacia las personas con problemas de salud mental, en situación de sinhogarismo y con discapacidad intelectual.
En ella han participado casi 3.000 personas pertenecientes tanto a estos tres colectivos como al conjunto de la población general, A las que se preguntó sobre su percepción y prejuicios en torno a cada una de estas tres realidades en diferentes contextos: disposición a mantener contacto, rechazo/aceptación de un centro de servicios en su barrio, tratamiento esperado por parte de los medios de comunicación, lenguaje utilizado, sentimientos que experimentan, etc. Se emplearon metodologías cuantitativas y cualitativas, y también se tuvo en cuenta las diferencias en función del sexo.
Según el catedrático de Evaluación y Diagnóstico Psicológico de la Facultad de Psicología de la UCM, Manuel Muñoz, “existe un estigma diferencial por profesiones” en el abordaje de los problemas de salud mental, el sinhogarismo y la discapacidad intelectual.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el personal de seguridad y los trabajadores del ámbito judicial y del mundo sanitario lideran este ranking de atribuciones estigmatizantes.
En cambio, el profesorado no universitario, los trabajadores de servicios sociales y las personas que realizan acciones de voluntariado obtienen puntuaciones más bajas.
SALUD MENTAL
Entre las personas encuestadas, un 21% reconoce haber tenido o tener problemas de salud mental en la actualidad y un 25% dice convivir con una persona que padece estos trastornos. Además, el 96,5% se muestran dispuestas a hablar de estos temas y a compartir experiencias, algo que puede ser “un factor clave”, indicó Muñoz.
Sin embargo, EL 68,7% opinan que los medios de comunicación sí deben informar de estas enfermedades cuando se cometen delitos, algo que además de “estigmatizador puede ser constituyente de delito”. También es frecuente el uso de términos como “loco, zumbado o enfermos”.
El estudio muestra además una intención media baja de acercamiento a las personas con un problema de salud mental. De hecho, el 65% de los entrevistados rechazan vivir con una persona en esta situación, y al 40% no le gustaría que sus hijos se relacionasen con ellas. En cambio, solo un 6,1% se niega a que ubiquen centros de atención y servicios en sus barrios, y al 67% sí le gustaría contar con ese tipo de recursos.
Por último, el 42,2% de los entrevistados manifiestan “actitudes autoritarias” hacia estas personas, ya que en general, están de acuerdo con ideas del tipo ‘se les debe coaccionar para que se pongan en tratamiento’, ‘van a necesitar ayuda de forma recurrente’ o ‘causan pena’.
Las personas que han padecido estos trastornos o que conocen de primera mano a alguien con esta circunstancia presentan actitudes mucho menos prejuiciosas en todas las medidas.
En general, los hombres son más autoritarios y las mujeres más benevolentes, aunque demuestran mayores creencias de pena y miedo. Del mismo modo, las mujeres con problemas de salud mental parecen ser percibidas como “más necesitadas de ayuda”, mientras que los varones con estos problemas son vistos como “más peligrosos”.
SIN HOGAR
Según la encuesta, el 1,3% de la población española se halla en situación de sinhogarismo, mientras que un 3,7% ha convivido con alguien que pasó por ello.
Además, el 18,1% reconoce conocer a alguien en esa situación. El 91% de los encuestados se mostraron dispuestos a hablar de esta realidad sin problemas, aunque en torno al 15% emplean términos discriminatorios como “vagabundo o indigente”.
Además, el 50,7% de la muestra considera que los medios de comunicación deberían ofrecer esta información cuando la persona comete un delito, a pesar de que difundir este dato es “estigmatizante”.
Apenas el 11,5% de los entrevistados se opone a que ubiquen centros de atención para estas personas en sus barrios, hecho que contrasta con los movimientos vecinales de rechazo cada vez que se propone la ubicación de un centro de de servicio para personas sin hogar.
Solo el 52,2% de la población estaría dispuesta a mantener algún tipo de contacto con estas personas, porcentaje que se eleva a medida que sube el nivel de estudios. Por sexos, los datos demuestran que los hombres sin hogar son “más estigmatizados”.
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
En cuanto a la discapacidad intelectual, uno de cada 10 encuestados convive con alguien en esta situación, y el 64% dice conocer a alguna persona con discapacidad intelectual.
La proporción de personas dispuestas hablar del tema es muy alta (95,2%), aunque el empleo de términos como “deficientes, retrasados o disminuidos” indica la presencia del estigma. También resulta llamativo que el 65% de los encuestados espera que los medios de comunicación informen de la discapacidad intelectual de quienes cometen un delito, declaró Muñoz.
Como dato positivo, solo el 2,7% de la muestra rechaza que se instalen servicios destinados a estas personas en su vecindario.
Las mujeres con discapacidad intelectual son percibidas como “más necesitadas de ayuda”, mientras que los varones generan más actitudes de “enfado, culpa, miedo y evitación”.
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