MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
El 41% de los españoles no bebe agua del grifo y su sustitución por agua mineral envasada supone un gasto de al menos 500 euros al año para una familia de cuatro miembros que consume dos litros por persona, frente a los cinco que costaría la del grifo.
Así lo desvela una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a una muestra de 1.100 personas de entre 25 y 80 años sobre la percepción de la calidad del agua, tal y como precisó este lunes la asociación en un comunicado.
Según el estudio, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha al menos el 35% de los residentes califican el agua del grifo como “mala o muy mala”
En otras comunidades autónomas, como Andalucía, Aragón y Castilla y León, el número de residentes “descontentos” con la calidad del agua del grifo es superior al 19%.
Por el contrario, en la Comunidad de Madrid y el País Vasco este porcentaje apenas alcanza el 1%, si bien esta valoración “varía” según el género y la edad y los “más descontentos” son las mujeres, “especialmente” las más jóvenes.
ESFUERZO CONJUNTO
En este contexto, OCU reclamó un “esfuerzo conjunto” de las administraciones “focalizado” en la mejora de los actuales filtros de sales minerales de las potabilizadoras para “mejorar así el sabor del agua”.
“De hecho, la propia normativa establece que el agua potable debe ser incolora, inodora e insípida”, abundó, al tiempo que consideró que dicha mejora supondría además un “enorme ahorro” para las economías domésticas afectadas, así como una “notable reducción del impacto medioambiental que supone la recogida y transporte de agua envasada”.
Por último, recomendó “priorizar” el agua del grifo, salvo que el sabor sea “desagradable”, en cuyo caso aconsejó comprar aguas minerales de manantiales situados en la misma región del consumidor, tanto por el menor impacto medioambiental que genera su transporte, como porque suelen ser más baratas.
Asimismo, recordó a los consumidores su derecho a solicitar agua del grifo en los servicios de hostelería, un derecho amparado por la ley, “independientemente de la calidad o el sabor apreciado por los residentes”.
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