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EEUU congela cerca de 90 millones de euros destinados al Gobierno de Georgia debido a la ley de agentes extranjeros

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MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La Administración de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que congela el envío de algo más de 95 millones de dólares (unos 88 millones de euros) en ayudas al Gobierno de Georgia como respuesta a la polémica ley de agentes extranjeros aprobada por Tiflis a finales de mayo ante las críticas de la población y de parte de la comunidad internacional.

“El 23 de mayo, después de acciones antidemocráticas por parte del Gobierno georgiano, anuncié una revisión integral de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Georgia”, ha manifestado el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado donde subraya que estos fondos congelados beneficiaban “directamente” al Gobierno georgiano.

Así las cosas, Blinken ha subrayado que esta postura de las autoridades georgianas es “incompatible con las normas de membresía de la Unión Europea y de la OTAN”, a la par que ha recalcado que Washington seguirá adelante con aquellos programas de ayuda a Tiflis pero que van directamente en beneficio de la población “reforzando la democracia”.

“Después de 32 años de amistad y colaboración entre nuestros dos países y ciudadanos, la población estadounidense ha destinado más de 6.200 millones de dólares (más de 5.700 millones de euros) en asistencia, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de la economía y las instituciones democráticas de Georgia”, recuerda el escrito del Departamento de Estado.

El Gobierno de Georgia sacó adelante el pasado mes de mayo una ley de agentes extranjeros que desde la comunidad internacional es interpretada como un acercamiento a las posturas de Rusia y va en contra de las aspiraciones georgianas para ingresar en la Unión Europea.

Parte de la población salió a las calles para protestar contra la norma, mientras que la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvilli, de signo contrario al Ejecutivo, presentó un veto presidencial a la ley que, sin embargo, fue tumbado en el Parlamento, donde el Gobierno cuenta con mayoría.


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