MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que ha mantenido contactos con las autoridades españolas en relación a la reciente deportación de más de 200 presos políticos desde Nicaragua, aunque ha sugerido que les compete a cada uno de ellos, a título individual, decidir si quieren irse a otros países.
La responsable adjunta de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado estadounidense, Emily Mendrala, ha admitido que parte de los 222 presos liberados el jueves por el Gobierno de Daniel Ortega pueden “explorar ofertas” de otros países y no necesariamente permanecer en territorio de Estados Unidos, ante la oferta española para concederles la nacionalidad.
“Hemos estado en comunicación con España”, ha reconocido Mendrala, durante un encuentro telemático con periodistas en el que ha afirmado que Washington aún intenta recabar más información sobre la supuesta retirada de la nacionalidad nicaragüense para quienes se han beneficiado del traslado.
La acogida humanitaria brindada por Estados Unidos les da derecho al menos a dos años de residencia, imprescindible en el caso de un grupo que teóricamente quedó despojado en bloque de la nacionalidad, como resultado de una reforma constitucional que penaliza de forma específica a los “traidores de la patria”.
En este sentido, ha afirmado que corresponderá a cada una de estas personas “escoger la opción que para ellos tenga más sentido”, señalando que, si bien algunos tienen familiares en Estados Unidos, otros pueden querer irse a otros países de América Latina o incluso a Europa. Washington está dispuesto a “facilitar” los viajes.
Mendrala ha insistido en que todo el proceso se ha hecho con el consentimiento de los directamente afectados –“dos decidieron quedarse y siguen siendo presos políticos en Nicaragua”, ha recordado– y que “no hubo ninguna negociación” con el régimen de Ortega, de quien habría partido la iniciativa de la deportación.
La dirigente norteamericana ha descartado por tanto algún posible gesto relativo a las sanciones, incidiendo en que “Nicaragua no pidió nada como respuesta”. Los castigos, ha añadido, buscan “un cambio de comportamiento” en gobiernos como el de nicaragüense.
Para la Administración de Joe Biden, las excarcelaciones masivas deberían ser “un primer paso” para lograr “una restauración de la democracia y una mejora de los Derechos Humanos” en el país centroamericano. También confía en que siente las bases para unas “condiciones más constructivas” en la dañada relación bilateral, prácticamente inexistente a día de hoy.
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