Afirma que su participación en el proceso, a través del cobro de “impuestos” a las ONG, supone una legitimación indirecta de su mandato
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La oficina del Investigador General Especial de Estados Unidos para la Reconstrucción en Afganistán (SIGAR, por sus siglas en inglés) ha alertado de que los talibán se están beneficiando a título particular del actual proceso de ayuda humanitaria internacional en el país centroasiático gracias al dinero que recaudan de las ONG que trabajan en el país, y que ahora mismo les perciben como una autoridad con plenos poderes en Afganistán a pesar de la total falta de reconocimiento internacional, en lo que supone una legitimación indirecta de su mandato.
A esta situación hay que añadir el edicto talibán que veta el acceso de las mujeres a la educación secundaria y superior, así como su trabajo con las ONG, según Estados Unidos. Sumando todos estos factores, “emerge la importante cuestión de si Estados Unidos es capaz de seguir enviando ayuda a Afganistán sin beneficiar o consolidar a los talibán”, según el último informe del SIGAR sobre la crisis afgana, con fecha del pasado 30 de enero.
El SIGAR remite a una cuestión que ha desatado una polémica reciente entre los donantes como es la participación de los talibán en el plan internacional de ayuda humanitaria. Buena parte de la ayuda que recibe Afganistán se entrega en efectivo por su facilidad de distribución entre las ONG internacionales y, en principio, los talibán tienen terminante prohibido recibir cualquier parte de ese dinero debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen desde que reconquistó el país en agosto de 2021.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte Naciones Unidas ha tenido que desmentir que parte del dinero de la ayuda esté siendo desviado al Banco Central de Afganistán, una institución bajo control talibán que, a mediados de enero, llegó a publicar un mensaje de agradecimiento a la ONU sobre la concesión de cierta cantidad de dinero en efectivo para coordinar las operaciones de ayuda. La ONU negó categóricamente tal envío y reprochó al Banco Central afgano su comentario: “Anuncios de entidades ajenas sobre los envíos de fondos de la ONU son engañosos y de ninguna utilidad”, hizo saber Naciones Unidas.
Ahora, el informe del SIGAR apunta a los fundamentalistas como beneficiarios directos del proceso. “Los talibán obtienen ingresos en forma de ‘licencias, impuestos y tarifas administrativas’ que imponen a las ONG y a sus empleados como condición para que trabajen en Afganistán”, según el documento.
El subsecretario general para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y Respuesta de Emergencias, Martin Griffiths, reconoció el pasado 20 de diciembre que las ONG están efectuando “transacciones autorizadas con entidades controladas por los talibán”, que acaban recalando en algunos de los ministerios fundamentalistas. Para Griffiths estos pagos son imprescindibles para el funcionamiento de las ONG, cuyos miembros necesitan permisos de trabajo autorizados por los talibán, visados e incluso documentos oficiales para desplazarse en coche por el país.
“Quiero dejar clara una cosa: si estos pagos no se cumplen las consecuencias para las ONG pueden ser muy graves e incluso se arriesgarían a ver suspendidas sus operaciones en el país”, hizo saber Griffiths en su momento.
El SIGAR, a este respecto, lamenta que el Gobierno estadounidense desconoce por completo el montante recaudado por los talibán a través de estos pagos y denuncia que el Ministerio de Finanzas afgano ha dejado de publicar información sobre los ingresos y gastos ministeriales, y aduce que estos beneficios no solo contravienen los principios del plan de ayuda humanitario a nivel económico, sino que también son políticamente contrarios a la postura de la comunidad internacional.
“La ayuda de Estados Unidos a Afganistán, de naturaleza humanitaria o de cualquier otro tipo, podría legitimar sin querer a los talibán a nivel nacional e internacional”, según el documento del SIGAR, que en una de sus últimas evaluaciones ya estimó que los talibán se han quedado aproximadamente con unos 55 millones de euros en concepto de fondos entregados en su momento por el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de Estados Unidos al depuesto gobierno afgano.
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