Un error en el documento enviado a los órganos de consulta hizo saltar las alarmas
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Asuntos Económicos ha asegurado a las organizaciones de consumidores que las reclamaciones dirigidas a la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero serán gratuitas para los clientes, de manera que la tasa de 250 euros para financiar la futura autoridad se cobrará solo a las entidades financieras.
Economía envió el viernes a los organismos de consulta el proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero con las modificaciones realizadas tras la fase de audiencia pública del anteproyecto.
Tras haber tenido acceso al documento, desde Facua-Consumidores en Acción advirtieron de que la disposición adicional primera indicaba que eran sujetos pasivos del pago de la tasa las entidades financieras y los clientes, cuando en el primer borrador se especificaba que eran únicamente las entidades financieras las que debían hacer frente al pago de los 250 euros.
Así, la asociación instó al Ministerio de Asuntos Económicos a modificar el texto para excluir a los clientes del pago de la tasa. Fuentes de Economía, consultadas por Europa Press, explicaron que se trataba de un error en el documento y confirmaron que la tasa la pagan solo las entidades.
El departamento dirigido por Nadia Calviño también ha remitido una comunicación a la asociación en la que asegura que “los servicios a los usuarios son gratuitos”. “Es cierto que en el articulado de la norma se recoge por error que la tasa la pagan las entidades financieras y los clientes, si bien os informamos oficialmente de que se trata de un error, como se constata en la exposición de motivos del proyecto de ley”, señala el comunicado enviado a Facua.
Una vez detectado el fallo, Economía informará del mismo a los órganos consultivos a los que se envió el proyecto de ley para que lo tengan en cuenta.
Por otro lado, en sus alegaciones al documento, Facua ha recogido otra serie de propuestas y medidas que considera inadecuadas, como el plazo máximo de un año para reclamar ante la Autoridad Independiente, el hecho de que solo sean vinculantes las resoluciones por cuestiones económicas de menos de 20.000 euros y que se pueda sancionar a los usuarios si interponen una reclamación en la que se aprecie “temeridad” o “mala fe”.
Una vez que los órganos de consulta emitan su dictamen, el proyecto de ley deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta para que se inicie su tramitación parlamentaria, lo que está previsto que suceda durante el otoño.
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