MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Alianza Verde, que es un partido ecologista integrado en Unidas Podemos, y Ecologistas en Acción celebraron este jueves que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, haya anunciado que el Ejecutivo ha iniciado el procedimiento para que España abandone el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), integrado actualmente por 53 países y que protege las inversiones en ciertas infraestructuras energéticas.
Esta decisión se produce a seis semanas de que se celebre la Conferencia anual de la Secretaría de la Carta de la Energía en Mongolia, que tiene por objetivo ratificar la modernización del Tratado.
El TCE, calificado recientemente por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) como “un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático”, protege las inversiones extranjeras en el sector energético, sobre todo las relacionadas con los combustibles fósiles.
Además, permite a las empresas demandar a los países ante un sistema de tribunales privados (conocido como el ISDS) si consideran que han legislado en contra de sus beneficios. Dada su incompatibilidad con el Acuerdo de París y otras políticas que persiguen la acción climática, hace más de cuatro años los países se embarcaron en un proceso para ‘modernizar’ el TCE.
El acuerdo preliminar de reforma del Tratado garantiza al menos 10 años más de protección a las inversiones existentes en combustibles fósiles, mientras que algunas inversiones nuevas en gasoductos y centrales eléctricas de gas quedarían protegidas hasta 2030 o 2040.
También amplía el ámbito de aplicación del Tratado a otras tecnologías energéticas, como el hidrógeno o la biomasa. Si bien la propuesta pretende prohibir las demandas ISDS entre países de la UE, esta medida aún podría tardar entre 5 y 10 años más en entrar en vigor, que son “los años cruciales para impulsar la transición energética”, según Ecologistas en Acción.
“DECISIÓN ACERTADA”
El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, apuntó que se trata de una “decisión acertada” que desde Unidas Podemos llevan “durante mucho tiempo” reivindicando a través de diversas iniciativas. Así, recordó que su grupo parlamentario realizó una jornada en el Congreso el pasado 20 de diciembre en el que él mismo participó junto con expertas de la campaña de la campaña ‘No a los Tratados de Comercio e Inversión’, de Ecologistas en Acción.
Además, Unidas Podemos solicitó a Ribera la retirada del Tratado con diversas preguntas parlamentarias en los últimos años y una proposición no de ley el pasado mes de febrero. “Estamos en un proceso de transición verde que no tiene marcha atrás. España debe asumir su liderazgo y su responsabilidad, permanecer en el TCE es incompatible con nuestra ley del clima”.
Según una investigación reciente, la infraestructura fósil protegida por el Tratado en Europa tiene un valor de 344.600 millones de euros, de ellos unos 8.000 millones en España. Esto significa que si los Estados miembro de la UE continúan en el TCE y deciden abandonar esas fuentes de energía, podrían ser objeto de demandas millonarias. Bajo este Tratado y gracias al mecanismo ISDS, los Estados están siendo demandados por abandonar fuentes de energía fósil que contribuyen al calentamiento global, según Alianza Verde.
“MEDIDAS VALIENTES”
Por su parte, la portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña ‘No a los Tratados de Comercio e Inversión’, Marta García Pallarés, indicó al respecto: “Estamos en un momento extremadamente crítico y necesitamos medidas valientes, la salida del TCE es una de ellas y lo celebramos. Ahora es crucial que más países sigan el camino iniciado por España; es sencillamente vergonzoso que los países de la UE acudan a la COP27 (Cumbre del Clima) en Egipto prometiendo reducir las emisiones, mientras continúa en un tratado que solo en Europa protege infraestructura fósil por valor de más de 340.000 millones de euros”.
El único país de la UE que no es miembro del TCE es Italia, que lo abandonó en 2016. Tras el paso dado por España, otros Estados indecisos como Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica podrían hacer lo mismo. A finales de octubre se espera una votación en el Consejo de la UE en la que los países se tendrán que posicionar a favor o en contra del TCE modernizado.
Hasta la fecha, existen 143 demandas bajo el TCE, muchas de ellas relacionadas con medidas para paliar la crisis climática o proteger el medio ambiente, como el caso de Países Bajos, Eslovenia o Italia. Sin embargo, España es el país más demandado.
“El TCE se ha convertido en una pesadilla jurídica para España. Las demandas de arbitraje ya han costado más de 1.000 millones de euros de dinero público para dar compensaciones y pagar a abogados y árbitros. Estas reclamaciones no hacen más que desviar importantes recursos públicos que se podrían destinar a impulsar la transición energética”, recalcó Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute.
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