MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Organizaciones ecologistas han celebrado este viernes que la Asamblea de Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) haya dado un paso adelante en la reivindicación de una moratoria de la minería submarina en aguas internacionales, solicitando una “pausa” que frene el avance de esta actividad.
Tal y como han explicado, esta demanda se produce en un momento crítico, en el que varios estados pretenden forzar que se autorice el inicio de la explotación en 2023.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF han celebrado, de forma específica, la posición española en este sentido e instan a que se promueva dentro de la ISA una moratoria firme.
En concreto, según han explicado, España ha apoyado la propuesta de Chile, secundada también por Costa Rica y Brasil, para reconsiderar la norma que forzaría el otorgamiento de los primeros permisos el próximo año, mientras que los países de la Alianza Global de Países por una Moratoria de la Minería Submarina, de la que ya forman parte Palao, Fiji y Samoa, defienden el establecimiento de una moratoria.
Desde las ONG ecologistas han recordado que, en septiembre de 2021, España fue uno de los gobiernos que apoyó la resolución de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por una moratoria internacional, comprometiéndose a avanzar hacia su establecimiento.
“Esto es algo que vienen pidiendo organizaciones ecologistas, la comunidad científica, el sector pesquero y también los parlamentos de Galicia y Canarias mediante resoluciones instando al Gobierno a dar ese paso”, han apuntado.
REIVINDICACIONES
Los ecologistas también han reivindicado que se predique con el ejemplo y se adopte una prohibición de la minería en aguas bajo jurisdicción nacional, excluyendo explícitamente la posibilidad de realizar esta actividad en Áreas Marinas Protegidas y Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica.
Las ONG han señalado que el inicio de la minería submarina “tendría consecuencias devastadoras para los ecosistemas marinos, la capacidad de captura de carbono de los océanos y la la biodiversidad de toda la columna de agua, incluídas las poblaciones de peces que forman parte de la alimentación humana”.
Por eso consideran que esta declaración “puede impedir el avance de una explotación submarina que no tendría en cuenta la magnitud de los impactos y las propias carencias de la Autoridad Internacional como organismo responsable de regular esta actividad y, al mismo tiempo, proteger los fondos marinos”.
Por otra parte, las organizaciones advierten de que, en nueve días, el 15 de agosto, da comienzo en la sede central de Naciones Unidas la reunión que finalizará el texto para la conservación de la biodiversidad marina en aguas internacionales, el conocido como Tratado Global de los Océanos.
Desde las entidades apuntan que “este texto podrá blindar a la minería submarina al menos el 30% de las aguas internacionales para 2030 y supondrá que se tenga una visión integral de la gestión marina, y no sectorial, como ocurre con la explotación minera, ya que la ISA se ha enfocado históricamente en promover el inicio de esta destructiva industria”.
“En 2023, España pasará a formar parte del Consejo de la Alta Autoridad de los Fondos Marinos”, han explicado los ecologistas, que apuntan a que el país “jugará un papel importante en la defensa” de mares y océanos. Por eso, las ONG esperan y desean que “esté a la altura de las circunstancias y no se deje influir por el afán extractivista”.
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