MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha asegurado que no ha dejado de actuar en relación a las muertes de personas mayores en residencias durante la pandemia de la Covid-19.
Así lo han indicado fuentes de la Fiscalía a Europa Press, este viernes, después de que Amnistía Internacional y el periodista y abogado Manuel Rico hayan denunciado un archivo “sistemático”, por parte de los fiscales, de las denuncias presentadas por familiares de fallecidos en centros residenciales en los peores momentos de la pandemia.
Desde la FGE recuerdan que el pasado 1 de febrero de 2023 el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se reunió con los representantes de las organizaciones Marea de Residencias, Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias y la Federación de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia (REDE) para informarles de los procedimientos penales en tramitación en todo el territorio nacional.
Según informó la FGE en un comunicado tras la reunión, García Ortiz facilitó a los representantes de estas organizaciones la información remitida por las distintas fiscalías a raíz del Oficio que el Fiscal General dirigió en octubre de 2022 a todos los Fiscales Superiores; y les detalló el trabajo que la Fiscalía General ha realizado desde que comenzó la pandemia en relación con las residencias y centros de personas mayores.
Tal y como explicó en aquel momento, el grueso las investigaciones se encontraba en fase judicial, ya que la mayor parte de las diligencias abiertas por las diferentes fiscalías –más de 400– se incoaron durante 2020 y la primera mitad de 2021 y concluyeron antes de 2022.
Su conclusión, según indicó, se debe a la interposición de denuncia o querella, o por remisión al órgano judicial al constatarse que los hechos estaban ya judicializados, por acumulación a otras diligencias abiertas o por no haber podido acreditarse la comisión de un hecho delictivo.
Según los datos publicados en febrero, a fecha 30 de septiembre de 2022, había 106 procedimientos judiciales en trámite y otros 34 archivados por órganos judiciales. De ellos, 20 se incoaron por denuncia o querella del Ministerio Fiscal. Asimismo, la Fiscalía recurrió 31 autos de archivo; 19 fueron estimados, 4 desestimados y 8 estaban pendientes de resolución por distintas audiencias provinciales. Además, a esa misma fecha, se encontraban en tramitación cuatro diligencias de investigación en las fiscalías, todas ellas incoadas en 2022.
En el oficio remitido en octubre de 2022, el Fiscal General instaba a los Fiscales Superiores a adoptar las medidas oportunas para que las víctimas o sus familiares sean oídos en las diligencias de investigación y procedimientos judiciales por fallecimientos en residencias.
Además, pedía que los fiscales tengan una actuación particularmente proactiva en estos casos e interesen la toma de declaración de las víctimas o sus familiares, en especial cuando no estén personados en el procedimiento, si no ha sido acordada de oficio por el órgano judicial.
Según explican, en cumplimiento de este oficio, el Ministerio Fiscal está solicitando la audiencia de los familiares en todos los procedimientos judiciales en que no se hubiera acordado de oficio esta diligencia, incluso en las diligencias ya archivadas si los familiares lo solicitan.
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