También decidirá si admite a trámite el recurso del PP contra la ‘ley trans’
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional (TC) celebrará esta semana un Pleno en el que estudiará si admite a trámite los recursos de Vox y PP contra la nueva ley del aborto y la conocida como ‘ley trans’, respectivamente, al tiempo que resolverá la medida cautelar que reclama suspender el derribo de la ‘Isla de Valdecañas’, el complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres.
Según ha informado el propio TC, los magistrados analizarán la admisibilidad del recurso de Vox contra la nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La ley, del pasado febrero, supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con permiso paterno, aspecto sobre el que el TC no se pronunció al resolver el recurso ‘popular’ contra la ley del aborto de 2010, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015.
Fue el pasado mes de mayo cuando la corte de garantías resolvió dicho recurso, uno de los más antiguos, rechazando las tesis del PP y consagrando la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer a decidir “sin coerción”.
Los magistrados también decidirán si dan entrada al recurso del PP contra la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. Cabe recordar que en mayo ya admitieron a trámite el recurso de Vox contra esta misma norma.
Entre los asuntos en trámite de admisibilidad se encuentra igualmente el planteado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) contra el inciso de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que establece que las sanciones por superar en un 10% o más los límites de gastos electorales no podrán ser inferiores a 25.000 euros.
En este capítulo, los magistrados analizarán asimismo el recurso del Gobierno contra varios artíclos del Decreto-ley 5/2022 por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura.
LA ‘ISLA DE VALDECAÑAS’
Por otro lado, el TC se pronunciará sobre las medidas cautelares solicitadas como parte de los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la ‘Isla de Valdecañas’.
La ponencia, redactada por el magistrado Enrique Arnaldo, propone paralizar el derribo de la urbanización hasta que el TC tome una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Las mismas apuntan que el Pleno ve razonable esta suspensión cautelar.
Las impugnaciones se dirigen contra la sentencia del Supremo que dio la razón a Ecologistas en Acción-CODA, ordenando demoler el complejo urbanístico en su totalidad.
En 2011, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta a la ‘Isla de Valdecañas’ y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.
El TS confirmó las resoluciones del TSJ, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.
En 2022, el alto tribunal, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.
LOS ERE, A PLENO
El Constitucional también resolverá esta semana elevar los recursos presentados por los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros condenados por el ‘caso ERE’, para que sea el Pleno de la corte de garantías quien asuma su estudio.
La Sala Segunda acordó la semana pasada admitir los recursos de los ERE, al considerar que en estos momentos “no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas”.
Señaló además que “el asunto trasciende del caso concreto, debido a que plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales”.
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