MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La decisión del Gobierno de Nicaragua de retirar la nacionalidad a otros 94 nicaragüensesmás pone de manifiesto que el régimen de Daniel Ortega no respeta la Constitución y busca perpetuarse en el poder, según han afirmado este jueves varios disidentes afectados por la medida.
El director del diario ‘Confidencial’, Carlos Fernando Chamorro, uno de los damnificados que ha perdido su nacionalidad tras ser declarado “prófugo”, ha asegurado que Nicaragua vive en “una dictadura familiar corrupta que pretende entronizarse en el poder”.
“Nicaragua dejó de ser una sociedad en la que se respeta la ley y la Constitución, para imponer la ley de la venganza, el capricho y el odio contra los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad libre”, ha indicado Chamorro, según ha recogido su propio medio.
En este sentido, ha precisado que, con estas acciones “demenciales”, el Ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo da a entender que en Nicaragua “nunca habrá paz” ni salidas económicas, estabilidad o futuro político.
“Ortega y Murillo están cavando su propia tumba al exhibir la enorme debilidad política de su régimen porque los castigos a perpetuidad son apenas una ilusión en la cúpula de la familia gobernante mientras todo el pueblo de Nicaragua sabe que el tiempo de la dictadura se está agotando”, ha sentenciado.
Por su parte, el abogado Gonzalo Carrión, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, quien se suma a los 222 nicaragüenses que perdieron su ciudadanía la pasada semana, coincide en que el Gobierno es una “familia dinástica”.
“No nos representan (…) son una familia dinástica, tiránica, obcecada en el poder, que el próximo abril cumple cinco años de sistemática persecución, de crímenes de lesa humanidad”, ha indicado, agregando que abraza a todos los que aparecen en esa lista.
Carrión, en un pequeño discurso publicado por la ONG, ha asegurado que el Gobierno no le notificó la apertura de un proceso en su contra. “A mí no me notificaron que abrieron un proceso para declararme traidor a la patria. Me declaran prófugo”, ha explicado.
Otro abogado y exfuncionario que forma parte de esa lista, Yader Morazán, ha sentenciado que esta decisión es “totalmente arbitraria e ilegal”. “No tiene ningún tipo de fundamento”, ha dicho, agregando que el artículo 20 de la Constitución afirma que ningún nicaragüense puede ser despojado de su nacionalidad.
Los ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos, han sido declarados “prófugos de la Justicia” y les serán confiscados todos sus bienes y sociedades, que pasarán a estar en manos del Estado.
El listado también incluye al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez; los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; la exguerrillera Mónica Baltodano o el exministro de Exteriores Norman Caldera.
La Unión Europea ha reclamado al Gobierno de Nicaragua que dé marcha atrás a esta medida, pues “constituye una violación de sus derechos fundamentales y es una violación del Derecho internacional”. Así, ha advertido de que estas acciones corren el riesgo de “profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua”.
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